“Lo que no vamos a permitir, precisamente, son actos violentos o que infrinjan la ley.”
Santiago Creel
(27 de noviembre de 2002)
¿Por qué no habrían de irrumpir violentamente en el Palacio Legislativo los barzonistas y los maestros disidentes de la Coordinadora? ¿Qué obstáculo habría? ¿Qué incentivo tendrían para no hacerlo? El incentivo es exactamente el contrario: en la política de nuestro país se premia siempre la presión y la violencia.
Claro que algunos políticos han afirmado ahora —como tantos otros lo han hecho en el pasado— que “se castigará con todo el peso de la ley” a quienes violentaron las instalaciones del Congreso. Pero ayer los maestros de la Coordinadora durmieron tranquilos fuera del Palacio Legislativo mientras las autoridades hacían “minuciosas investigaciones” para tratar de “deslindar responsabilidades”.
La verdad es que ya sabemos que no habrá ningún castigo contra los responsables del ataque del diez de diciembre. Nuestros políticos le tienen tanto miedo a los grupos violentos que prefieren darles todo y perdonar sus excesos. A fin de cuentas el costo de los destrozos lo pagan los contribuyentes. Ésos sí carecen de cualquier derecho.
Volvamos la vista al pasado y veremos que en el submundo de nuestra política siempre se privilegia la violencia. Apenas el nueve de diciembre los trabajadores de la Cámara de Diputados protagonizaron una manifestación, también en el Palacio Legislativo, para exigir la reinstalación de una secretaria que había sido destituida porque se negó a cumplir con su horario de trabajo. ¿Cuál fue la decidida reacción de los diputados? Reinstalar de inmediato a la secretaria sin exigirle, por supuesto, cumplir con el horario laboral. Los derechos de los aviadores son inviolables en nuestro país.
El 20 y el 21 de noviembre la diputada federal y presidenta del PRI en Morelos, Maricela Sánchez, encabezó un bloqueo de 27 horas en la autopista y la carretera federal México-Cuernavaca. El costo económico fue enorme y un autobús desviado por los bloqueos cayó en un principio, lo que provocó la muerte de una decena de personas. Hubo, como tantas otras veces, declaraciones de políticos diciendo que se aplicaría la ley a los responsables del bloqueo. Pero al final se premió a los manifestantes dándoles todo lo que pedían, mientras que la diputada Sánchez sigue gozando de todos sus privilegios pagados por los contribuyentes.
La cobardía de las autoridades ante la aplicación de la ley ha sido clara desde hace tiempo. El pasado mes de julio un grupo de ejidatarios de San Salvador Atenco, apoyado por el Frente Popular Francisco Villa y varios militantes del PRD, bloquearon con violencia la carretera Lechería-Texcoco y tomaron como rehenes a algunos funcionarios, a los cuales amenazaron y humillaron públicamente. También entonces las autoridades prometieron que se castigaría a los responsables. El único “castigo”, sin embargo, fue la aceptación de las exigencias del grupo y la liberación de todos los involucrados.
El propio Andrés Manuel López Obrador, hoy en los cuernos de la luna tras la consulta telefónica que le dio un respaldo del 95 por ciento en la capital federal, sabe que el sistema político premia en lugar de castigar la violencia. Su propia proyección política a nivel nacional se inició cuando, como candidato derrotado del PRD en las elecciones de Tabasco de 1994, bloqueó violentamente pozos petroleros y carreteras. El único castigo que recibió fue el inicio de una carrera ascendente que lo ha llevado a ser jefe de gobierno de la capital y, por su popularidad, quizá el aspirante más fuerte en la actualidad a la Presidencia de la República.
Pero de poco le servirá la presidencia a López Obrador o a cualquiera si nuestras autoridades continúan premiando siempre a quienes recurren a la violencia para promover sus intereses. Esta actitud simplemente llevará a un desplome del Estado mexicano. No es cuestión de ser de izquierda o de derecha sino de evitar el reforzamiento del uso de la violencia. Recordemos que Fidel Castro, el gobernante cubano tan admirado por la izquierda mexicana, nunca ha aceptado ni la más mínima presión por manifestaciones o bloqueos en sus decisiones.
McDonald’s
El ayuntamiento de Oaxaca le negó permiso a la mexicana Josefina Díaz Huergo para instalar una franquicia de MacDonald’s en esa ciudad. La decisión es discriminatoria e inconstitucional ya que la negativa surge simplemente de que la marca es extranjera. Cuando se preguntó al líder del movimiento contra el restaurante, el pintor Francisco Toledo, qué haría si la empresa presenta un juicio de amparo, él respondió que organizaría nuevas movilizaciones de protesta. Ésa es la mejor manera de manipular la justicia en nuestro país.