Luego de aclarar que la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente a nivel federal y en proyecto de elaboración localmente, no está dirigida hacia los medios de comunicación, sino a la sociedad en general, el especialista en la materia, Ernesto Villanueva, durante una conferencia que disertó ayer en Durango, afirmó que será el instrumento de combate a la corrupción que mejore la eficiencia de los gobiernos y permita al ciudadano común ejercer su prerrogativa de acceder a información que normalmente funcionarios de la administración pública, partidos políticos y organismos intermedios, se guardan como un patrimonio particular.
Ante diputados locales, académicos y estudiantes de la comunicación social, Ernesto Villanueva desarrolló su exposición en tres ejes: la conceptualización del Derecho y Acceso a la Información Pública, la relación que tiene con los medios de comunicación y los elementos que debe contener para evitar que se convierta en un documento de buenas intenciones.
Diferenció lo que es “el Derecho de Información Pública y el de Acceso a la Información Pública”. El primero, que calificó como la especie, es la prerrogativa ciudadana a buscar, investigar y difundir hechos de interés público, mientras que lo segundo, que es el género, es una prerrogativa para acceder a registros públicos en poder de las entidades gubernamentales, salvo excepciones de la ley, “y que tienen desde su creación el propósito de buscar la democracia, el combate a la corrupción, la vigilancia social, etcétera”.
Dijo que con la puesta en vigencia de esta Ley, los funcionarios de las entidades gubernamentales deberán dejar de tener la visión patrimonialista de la información que poseen. “La información es poder, pero para servir a la sociedad”, enfatizó.
Rechazó la percepción de que la Ley de Acceso a la Información Pública vaya dirigida a los periodistas, al afirmar que es a la sociedad en general. Afirmó que indudablemente habrá de beneficiar a los medios de comunicación. Específicamente dijo que habrán de transformarse y pasar del periodismo de declaraciones al de investigación, análisis y reflexión.
Y con el fin de que la Ley no vaya a quedarse en teoría, como un documento de buenas intenciones, se pronunció por que en su contenido registre lo siguiente: ampliar el número de entidades públicas y de organismos intermedios que tengan la obligación; legitimar el hecho de que cualquier persona pueda tener derecho a solicitar información; establecer el doble sistema de información en que converjan transparencia y acceso a la información pública a petición de parte; procedimientos sencillos de petición, con tiempos mínimos de respuesta; creación de un órgano regulador independiente, con atribuciones para resolver controversias y socializar conocimientos para que se pase de la cultura de la secrecía y opacidad a la de la información; área de protección para datos personales; darle vigencia a la afirmativa ficta; que la información pública sea la regla y la reservada por la ley, la excepción; difundir para qué sirve la Ley de Acceso a la Información y, la más importante, establecimiento de sanciones, desde amonestaciones privadas y públicas, hasta inhabilitaciones parciales y permanentes de quienes la violenten, como elemento disuasivo a su cumplimiento.