El reclamo hecho por la Confederación Patronal de la República Mexicana al Gobernador de Coahuila, en relación al proyecto de Ley de Aguas enviado por el Ejecutivo al Congreso Local, plantea un debate de cara a la sociedad.
Coparmex Laguna cuestiona la iniciativa de Enrique Martínez y Martínez, por considerar que es contraria al artículo 115 de la Constitución de la República y que es violatoria de la autonomía municipal, porque entre otras cosas, propone que el estado “substituya” al municipio en la prestación de los servicios de agua y drenaje. De acuerdo al artículo 23 fracción IV y demás relativos del proyecto, el municipio de Torreón sería privado de la administración de sus aguas, las cuales quedarían bajo el control de la llamada Comisión Coahuilense del Agua, que operaría desde Saltillo bajo el mando directo del Gobernador
Lo anterior concentra funciones descentralizadas por mandato constitucional y amenaza con una vuelta al pasado. El proyecto de ley que nos ocupa, ignora a los consejeros ciudadanos como vigilantes de los órganos operadores, propone el sistema de subsidios que en otros tiempos fueron conocidos como “aguabonos”, y plantea el riesgo de que los recursos involucrados, vuelvan a ser “caja chica” del Gobierno.
La iniciativa de Ley está precedida por una exposición de motivos populistas y absurdos, que proclama la defensa de “los derechos consubstanciales de la persona humana, frente a los embates de la madre naturaleza...”.
El proyecto de Ley de Aguas salió de la penumbra y se puso en la mesa del diálogo el viernes pasado, en una reunión entre autoridades y empresarios. De dicha reunión, sorprende la actitud asumida por el Gobierno de Coahuila a través del licenciado Raúl Sifuentes Guerrero, quien reprocha que el asunto del agua se “politice” frente al proceso electoral del próximo 29 de septiembre.
El Secretario de Gobierno asegura que la cuestión “fue resucitada” con “oportunismo sospechoso”, pues según él “la iniciativa tiene más de un año en el Congreso”; se quejó de que hubieran circulado copias del proyecto entre los ciudadanos; pidió “bajarle a la discusión el ruido electorero” y propuso que el tema se aborde pasadas las elecciones y una vez que rinda su tercer informe el “Señor Gobernador”.
La actitud del funcionario y del régimen que representa, preocupa a quienes aspiramos a vivir en una sociedad en la que los temas de interés general sean discutidos en público, en el momento en que con plena libertad cada ciudadano, organismo social o medio de comunicación, considere oportuno. El tema de la administración del agua es político y como tal, puede y debe ser abordado en el proceso electoral o fuera de él.
De por sí la legislación electoral impone camisa de fuerza y mordaza a partidos y candidatos; restringe la observación electoral a sólo ochenta ciudadanos observadores para más de seiscientas casillas que se instalarán en Torreón; limita la práctica de encuestas y encima de todo, el Secretario de Gobierno se opone a que los temas de interés público se traten durante las campañas, porque no quiere que dicho tratamiento se politice. Increíble pero cierto.
La postura del Gobierno de Coahuila frente a sus gobernados, debe ser objeto de rectificación. El que la iniciativa de Ley de Aguas tenga un año en el Congreso sin que nadie lo sepa, revela una forma de legislar en lo oscuro y de espaldas a la ciudadanía. La cuestión del agua y la ley respectiva son prioritarias en la actual agenda electoral, pues los ciudadanos de Coahuila tenemos derecho a saber cuál es la posición de cada partido y candidato sobre el tema y a exigir compromisos en consecuencia. Que en el futuro nadie se diga sorprendido: De la claridad de las posturas o del silencio sumiso frente a la Iniciativa de Ley de Aguas que propone el Gobernador, los electores sabrán qué esperar de su futuro alcalde y legisladores.