La Comisión Permanente del Senado recibió a fines de agosto una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que contiene 139 artículos.
El documento muestra, en principio, ciertos cambios favorables en relación con la legislación vigente, pero también tiene deficiencias que pueden obstaculizar el logro de sus propósitos. La iniciativa busca fortalecer la figura de la Cofetel, organismo encargado de regular el sector, con el fin de crear un entorno de competencia en beneficio de los consumidores. Establece como sus propósitos centrales ?fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones? y ?crear las condiciones a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se proporcionen a precios asequibles y competitivos, en términos de diversidad y calidad?. La competencia efectiva es un factor clave para que los usuarios de los servicios telefónicos gocemos de precios y calidad similares a los mejores estándares internacionales, lo que actualmente no tenemos en telefonía fija o móvil en México.
El costo del servicio telefónico fijo residencial aquí, incluyendo renta, servicio medido por llamadas locales e impuestos, es para los usuarios intensivos muy superior a las alternativas que existen en Estados Unidos.
Allá tienen la opción de elegir un paquete de renta y consumo ilimitado de llamadas locales cuyo costo no rebasa los 200 pesos al mes.
Algo similar sucede con la telefonía celular, donde las empresas en México compiten ofreciendo teléfonos ?gratis?, en vez de brindar a los consumidores alternativas atractivas de costo por minuto como sucede al norte de la frontera. Allá los consumidores tienen opciones que incluyen varios miles de minutos de tiempo aire al mes por menos de 500 pesos. Algunas empresas no cobran extra por llamadas fuera de la ciudad origen, y otras incluyen las locales y de larga distancia nacional en el costo de los minutos que se contratan por mes.
Una de las razones para esta gran diferencia en los costos de la telefonía fija y celular entre México y Estados Unidos tiene que ver con el poder de monopolio de Telmex sobre los consumidores residenciales, así como con su dominancia sobre las tarifas de acceso a su red local que cobra a sus competidores en telefonía móvil y de larga distancia. Ambas expresiones de control del mercado no han encontrado una resistencia relevante en las leyes o las autoridades, lo que acaba por perjudicar a los consumidores que pagamos por el servicio telefónico más que en un entorno de competencia efectiva. La Comisión Federal de Competencia (CFC) ha fallado varias veces contra Telmex como monopolista y operador dominante en diversos servicios que provee. Telmex, a su vez, ha emprendido diversos procesos judiciales en contra de esas resoluciones de la CFC. Según la información que reporta la prensa, Telmex ha entablado más de 50 juicios de amparo por distintas resoluciones emitidas por la CFC, así como interpuesto controversias ante la Suprema Corte en materia de constitucionalidad de la Ley Federal de Competencia y la de Telecomunicaciones. Para todo fin práctico, se ha salido con la suya. En ese contexto, los objetivos de la iniciativa de LFT van en la dirección correcta, al buscar promover la competencia en beneficio de los consumidores y minimizar los daños que les ocasiona Telmex con su poder de monopolio. Considero, sin embargo, que a pesar de sus aciertos, la iniciativa crea diversos obstáculos a la competencia que pueden ir contra los mismos propósitos que dice perseguir. Una persona mal pensada, líbreme Dios de ello, podría concluir que se deben al cabildeo de Telmex con algunos de los miembros de la Comisión Parlamentaria de Telecomunicaciones. Uno de esos obstáculos a la competencia se encuentra en el artículo 33, donde se erige una barrera a la libre entrada al establecer que ?Las concesiones a que se refiere esta Ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La participación de la inversión extranjera, en ningún caso podrá exceder del 49 por ciento, excepto tratándose del servicio de telefonía celular.? No hay un buen argumento económico para limitar la inversión extranjera en telefonía fija, y menos cuando hay una importante falta de capital de riesgo para ese sector en el país. No veo cómo nuestros legisladores piensan lograr la competencia entre operadores, así como precios y calidad internacional, si mantienen el poder de monopolio de Telmex con el bloqueo al capital externo. En ese contexto, será muy difícil que aparezcan tiradores con el capital suficiente para competir con Telmex en la telefonía local, mientras que seguirán batallando los que ya participan en larga distancia. Algunos amparan esta decisión en los desgastados conceptos de ?seguridad? y ?soberanía?, que utilizan hábilmente quienes buscan, como Telmex, conservar sus rentas económicas a costa de los consumidores. Ello explica porqué Carlos Slim en octubre del año pasado declaró a los medios que se debe ?exigir una industria de carácter nacional?.
No hay evidencia de que los países que abrieron sus sectores de telecomunicaciones a la inversión externa hayan visto afectados negativamente sus intereses nacionales. En Inglaterra, por ejemplo, no hay límite a la participación de la inversión extranjera en telecomunicaciones, y a partir de este año tampoco en radio y televisión, decisiones que no comprometen su seguridad y soberanía. No veo, entonces, porque pueda ser distinto en México, cuando el interés nacional está en beneficiar a millones de mexicanos y no a unos cuantos poderosos.
La semana próxima continuaré con el tema.