Reuters
CARACAS, Venezuela.- Venezuela, agobiada por un conflicto entre partidarios y enemigos del presidente Hugo Chávez, corre el riesgo de un quiebre del Estado de Derecho que puede llevar a serias violaciones de los derechos humanos, dijo ayer Amnistía Internacional.
Amnistía dijo que la polarización política de la sociedad, incluso entre las fuerzas armadas y la policía, las tensiones sociales, la militarización y un extendido clima de impunidad amenazan el orden constitucional del país.
“Estos elementos son síntomas de una descomposición del Estado de Derecho que podría conducir a violaciones de derechos humanos aún más graves”, dijo en conferencia de prensa Ignacio Saiz, subdirector del Programa Regional para las Américas del grupo defensor de los derechos humanos, con sede en Londres.
Saiz y otros dos miembros del Secretariado Internacional de Amnistía, que visitan Venezuela desde el 10 de noviembre, urgieron al gobierno y a sus enemigos a resolver sus diferencias en forma democrática y a respetar los derechos humanos.
Amnistía se sumó a la creciente preocupación internacional sobre la crisis que atraviesa el quinto exportador mundial de petróleo, que ha visto incrementar la turbulencia política y la violencia callejera desde que en abril un golpe de Estado derrocó brevemente a Chávez, un ex comandante de paracaidistas.
Más de 60 personas murieron durante la violencia en las calles durante el golpe, dado por oficiales rebeldes, que sacó a Chávez del poder del 12 al 14 de abril.
Las protestas, muchas de las cuales terminaron en violentos choques entre policías y seguidores y opositores de Chávez, se han intensificado hasta convertir en ocasiones algunas zonas de Caracas en verdaderos campos de batalla.
El gobierno sacó a las calles el fin de semana pasado a cientos de soldados para concretar la intervención de la policía de Caracas, sacándole su mando a un alcalde opositor a Chávez. La oposición consideró la medida como un abuso ilegal de poder y el jueves llamó a un paro nacional para el dos de diciembre.
Amnistía dijo que ambas partes deben adoptar medidas urgentes para reducir las tensiones y evitar la violencia.
“Por el momento, la polarización se está acelerando hacia los extremos”, dijo a Reuters Rupert Knox, el investigador de Amnistía para Venezuela. “Con la dirección que ha tomado hasta el momento, existe un peligro real de un serio colapso en el Estado”.
La intervención de la policía de Caracas y el llamado al paro pusieron a punto de quebrarse las negociaciones de paz que desde hace dos semanas sostienen los dos bandos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, quien actúa como facilitador de las negociaciones, dijo el jueves que estaba muy preocupado por la dirección que estaba tomando el conflicto y recomendó a las partes esforzarse más para alcanzar una solución.
La oposición exige la renuncia de Chávez, electo con abrumadora mayoría en las urnas en 1998, y la convocatoria a un referendo sobre su gestión. Según una encuesta reciente, el gobierno tiene un 32 por ciento de popularidad.
La Constitución sólo permite llamar a un referendo consultivo en agosto del 2003, a la mitad del mandato del mandatario.
Chávez ha rechazado las acusaciones de sus adversarios de que quiere instaurar un gobierno de corte comunista como el de Cuba, y los culpa de sabotear la economía e incitar a rebeliones en las fuerzas armadas y en la población civil para derrocarlo.
“Detrás del llamado a paro viene otra vez la carta escondida del golpe de Estado (...) aquí estaremos esperándolos”, dijo el presidente el viernes.
Ambas partes se culpan por las muertes de abril y se acusan mutuamente de fomentar la violencia. “Es obviamente muy difícil romper con este ciclo”, dijo Knox de Amnistía.
El grupo de derechos humanos exhortó al gobierno a poner fin al clima de impunidad investigando los asesinatos de abril.