El Ejecutivo ha enviado al Legislativo la iniciativa de reforma eléctrica mediante la cual se pretende modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, en procuración de que particulares tengan acceso a la generación de electricidad y a la prestación de servicios eléctricos a usuarios. Esto, en pocas palabras, significa que, de aprobarse el proyecto del presidente Fox, la producción de electricidad podrá ser concesionada a inversionistas privados. En el Senado de la República hay una oposición férrea, lo que está convirtiendo este asunto en un callejón sin salida, dado que se requiere para modificar la constitución el voto de las dos terceras partes de los legisladores, más la aprobación de un número determinado de legislaturas de cada entidad federativa, por lo que se ve difícil que Fox consiga la enmienda al régimen legal que priva en esa materia sin correr el riesgo de sacar un ojo morado. Aunque no hay que descartar que en estos asuntos, donde intereses económicos están en juego, todo pueda suceder.
Qué es lo que realmente ocurre cuando el gobierno argumenta que, de no darse vía libre a la privatización, las sombras cubrirán el territorio nacional. La contestación podría darse por sí sola si se advierte cómo el fantasma de la venta de bienes recorre amenazante las naciones latinoamericanas. Hay detrás un factor que se descubre por sí mismo cuando está a la vista que gobiernos con tendencias ideológicas contrarias, propugnan en un mismo sentido la apertura del sector eléctrico a los dineros privados. En el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León, no se chupaba el dedo, por lo que teniendo que atender las recomendaciones del exterior, proponía los cambios al régimen legal eléctrico sabedor de que sus iniciativas no pasarían la barrera legislativa. No quedaba mal con nadie y cumplía fielmente lo que los amos le pedían.
Es incuestionable que las presiones que se ejercían en aquel entonces son las mismas que hoy mueven a Vicente Fox para atentar en contra del patrimonio nacional. Porque ese es el quid de la cuestión. Si se tratara de un alienígena que mira desde el espacio lo que acontece en México, se preguntaría a quién se le ocurre deshacerse de sus bienes para entregárselos en bandeja de plata, ni más ni menos que a los dueños del mundo. Al abrir al público la oportunidad de invertir en lo que actualmente maneja la Comisión Federal de Electricidad estaremos dando paso al capital foráneo que está ansioso por meterle mano a la generación y uso de energía eléctrica de manera directa o mediante la utilización de los inefables testasferros. Lo que visto desde el punto de vista de la globalización no tiene nada de malo, si no fuera por que se estaría entregando un recurso estratégico a inversionistas extranjeros.
El estado mexicano carece de recursos para invertir en el ámbito de la electricidad, fue el primer argumento persuasivo que uso Vicente Fox en busca de la aprobación de su iniciativa de reforma, recurriendo después a un sentimentalismo populachero, diciendo que sí se tienen recursos pero por qué no dedicarlos a remediar las necesidades de los más pobres del país. La crisis energética, digámoslo sin tapujos, es algo que sólo existe en la imaginación de los que quieren privatizar, porque son los mismos que dejaron a mediados del siglo XIX que este país perdiera más de la mitad de su territorio. Se trata de gentes de saco y corbata que no saben, ni les importa saber, el significado de la palabra patria.