Es triste ver la forma en que los senadores del PAN, el PRI y uno que otro perredista aprobaron la adhesión mexicana a la Corte Penal Internacional. Vuelve a confirmarse que, cuando de derechos humanos se trata, el grueso de nuestra clase política se distingue por su mezquindad y su tibieza.
Seguimos siendo el país de la impunidad perpetua. Es enorme la cantidad de agresiones y crímenes cometidas por autoridades contra el pueblo de México. Es magra, muy magra, la cosecha que se obtiene cuando se enumeran las masacres plenamente aclaradas o se buscan casos en que los responsables fueron castigados. El régimen de la alternancia nos prometió una Comisión de la Verdad (indispensable para crear esa plataforma fáctica que se requiere para fincar responsabilidades), y después de lamentables titubeos y dilaciones terminó entregando una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Hace poco más de un año que el presidente Vicente Fox anunció la creación de esa Fiscalía, y seguimos sin tener motivo para celebrar su creación. Han abundado las diligencias y las promesas y las declaraciones de prensa; han faltado los informes aclarando el paradero de los desaparecidos o la demanda presentada contra algún responsable.
Lo único que queda en la memoria de este año que termina es el indignante espectáculo de los presuntos responsables que se rehúsan, uno tras otro, a responder a centenares de preguntas que, necesario es reconocer, son académicamente precisas. La Fiscalía navega sin rumbo en el océano de esa impunidad creada por leyes que la paralizan y le abren una multitud de vías de escape al pudiente y al poderoso. El futuro tampoco luce muy promisorio. En la larga batalla para la ratificación de la Corte Penal Internacional los involucrados siempre tuvieron perfectamente claro que estaba expresamente prohibido que la Corte juzgara delitos cometidos en el pasado. Sigue entonces que las enormes resistencias que enfrentó la Corte vinieron de todos aquellos decididos a excluir la mera posibilidad de que los genocidios, los crímenes de guerra o de lesa humanidad puedan ser perseguidos por una autoridad supranacional. Y al final debe reconocerse que tuvieron éxito.
La iniciativa de la Corte, ya de por sí cargada de limitaciones, quedó todavía más limitada con las 20 palabras que conforman el párrafo que los senadores añadieron al Artículo 21 de la Constitución: “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Esto significa que si en el futuro la Corte desea ejercer su jurisdicción, tendrá que someterse a los obstáculos impuestos por el Ejecutivo y el Legislativo lo que se traduce en que la justicia estará innecesariamente sujeta a barrocas negociaciones de poder.
En este sentido, es necesario reconocer lo acertado de la posición del Partido de la Revolución Democrática, cuya fracción en el Senado insistió hasta el último momento en que debería ratificarse sin candados la Corte Penal Internacional. El próximo año, esas 20 palabras que modifican el Artículo 21 constitucional serán discutidas en la Cámara de Diputados y en las legislaturas de los estados. La discusión seguirá porque la Coalición Mexicana por la Corte Penal Internacional ya anunció su intención de cabildear a los diputados federales y locales para lograr que se modifique el texto aprobado por el Senado. Es un esfuerzo saludable e indispensable para corregir una decisión que tiene de trasfondo problemas muchísimos más profundos.
En el tema de los derechos humanos el gobierno de la alternancia entrega cuentas pobres. Es evidente la determinación de las nuevas autoridades por no violar derechos ciudadanos y los esfuerzos que hace por empujar algunos cambios (es el caso con el empuje desplegado por Relaciones Exteriores para que se aprobara la Corte). Resulta igualmente claro que esas mismas autoridades y/o el partido al que pertenecen construyeron una relación con el viejo régimen en el que siempre terminan haciendo concesiones. En el 2001 cedieron en el tema de la Comisión de la Verdad y entregaron una Fiscalía que difícilmente castigará los crímenes del pasado (afortunadamente la verdad histórica sigue construyéndose con base en esfuerzos individuales). La justicia futura también queda en entredicho porque los verdugos del porvenir —que esperemos nunca puedan actuar—, se beneficiarán de la forma en que nuestros senadores ratificaron la adhesión a la Corte Penal Internacional.
Los optimistas insisten en que lo obtenido es mejor que nada y que si no se aceptaba la ratificación con candados nos quedaríamos totalmente fuera de la Corte (al menos por el resto del sexenio). Es posible que así sea y en el largo plazo el resultado puede ser positivo porque de una u otra manera pertenecer a la Corte inhibe posibles excesos. Sin embargo, lo entregado hasta la fecha es insuficiente para resolver tensiones que siguen afectando la construcción de la democracia. El texto que aprobó el Senado refleja el sentir de aquellos sectores que en el Gobierno Federal (y en el PAN, en el PRI y en la sociedad) insisten en que nos olvidemos de las partes incómodas que tiene nuestro pasado. Como es difícil que tengan éxito porque hay heridas que sangran y víctimas que exigen verdad y justicia, la discordia sobre el tema seguirá.
En esta marco, y con estos antecedentes, decisiones como las que tomó el Senado —y que el Gobierno Federal aceptó como inevitables, aunque afortunadamente sin festinaciones públicas— demuestran lo incompleto de nuestra jornada. En este sentido, tal vez hubiera sido mejor que nos quedáramos sin la aprobación de la Corte para que no hubiera dudas sobre la postura que tienen las principales fuerzas políticas del país.
La impunidad sigue reinando soberana porque, digan lo que digan, el gobierno de Vicente Fox y su partido siguen cediendo ante quienes delinquieron —o fueron cómplices— en el viejo régimen. Salvo algunas excepciones, en lo que llevamos del sexenio los derechos humanos son realmente prioritarios a la hora de los discursos pronunciados en alguna ceremonia protocolaria. En la práctica se les utiliza como moneda de negociación para lo cual generalmente se invoca la gobernabilidad o la soberanía (que por cierto se olvida a la hora de aprobar tratados comerciales o darle concesiones a los inversionistas).
Las víctimas y sus familiares siguen careciendo de alternativas en las instituciones lo que conduce a una obviedad: la verdad y la justicia, pasadas y futuras, no serán concesión oficial; tendrán que ganarse con la exigencia y la presión ejercidas sobre todos los tibios que dejan inconclusas las reformas profundas que seguimos esperando.
La miscelánea
Por supuesto que no todo es negro en el ámbito de la justicia. Ahora que termina la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, es de elemental justicia reconocer el enorme esfuerzo que desplegó. Don Genaro entendió su lugar y su momento histórico e implementó una estrategia orientada a la ampliación de la independencia y la eficacia del Poder Judicial que, bajo su dirección, fue transitando del anonimato al protagonismo. En los primeros días de enero conoceremos la identidad del sucesor (o sucesora) de quien habrá que esperar continuidad en esa indispensable obra de refundación de una institución indispensable para la salud democrática.
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