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CUERNAVACA, Mor.- Nunca en la historia del estado, y quizá del país, un presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) había enfrentado tantos asuntos que se ventilaran en otro poder, como sucede con Víctor Manuel González Cianci, magistrado presidente en Morelos, quien acumula tres acusaciones: dos ante el Congreso local y una ante la Contraloría morelense.
Los diputados de la entidad decidirán en las próximas semanas si desafueran o no al magistrado, a petición de la Procuraduría General de Justicia que lo encontró responsable del delito de “uso indebido del servicio público”, al ordenar la destrucción de las boletas que validaron su reelección en el cargo.
En el Congreso también se analiza el expediente de evaluación enviado por el Consejo de la Judicatura para determinar la declaración o no de ratificación en el cargo como titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Además, la Contraloría estatal revisa la aplicación de los recursos del Fondo Auxiliar del TSJ, luego que la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de la Cámara de Diputados, realizó más de 600 observaciones a la cuenta pública del TSJ por presuntas irregularidades en el gasto de casi 80 millones de pesos durante el ejercicio del 2001.
Los tres casos, afirma Sergio Álvarez Mata, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso estatal, podrían resolverse en las próximas semanas.
Víctor González Cianci, también vicepresidente de la Asociación Nacional de Presidentes del Tribunales Superiores de Justicia, dijo que las denuncias “son inaceptables” y aseguró que “todavía hay muchos recursos que agotar” en estos procesos.
Reconoció tener preocupación, mas no miedo, por el análisis legislativo que se realiza para desaforarlo y dijo que éste es un hecho inédito en Morelos y posiblemente en el país.
Este caso comenzó a finales del 2001, cuando se conoció la intención de González Cianci de reelegirse en el cargo por otros seis años, lo que logró el 17 de mayo pasado con ocho votos a su favor contra cinco que apoyaron a su contendiente José Guadalupe Hernández Avila.
Quince días después de su reelección, González Cianci ordenó la destrucción de las boletas, con el apoyo de otros magistrados y por esa razón, cuatro integrantes del TSJ inconformes promovieron la denuncia en su contra.
En su defensa, el magistrado presidente declaró que la quema de las 13 boletas se hizo por acuerdo del pleno del tribunal, pero el Ministerio Público consideró que “dichas aseveraciones no resultan suficientes para eximir de responsabilidades respecto de los hechos que han configurado el delito”.
El 29 de octubre pasado la Procuraduría General de Justicia del estado encontró elementos jurídicos para fincarle responsabilidades por el delito de ejercicio indebido del servicio público y el expediente, con la averiguación previa SDO/1a/075/02-06, fue entregado al Congreso local para iniciar el juicio de procedencia y su eventual desafuero.
Las autoridades sostienen que González Cianci soslayó seguir el ordenamiento legal para destruir las boletas y con ello violentó la Ley General de Documentación, la cual señala que toda documentación que contenga actos emanados de cualquiera de los tres poderes del Estado pasan a ser propiedad del mismo.
Con todo, un nuevo asunto se registró en contra de González Cianci, pues magistrados del TSJ, del Tribunal Estatal Electoral (TEE) y del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) lo desconocieron el mes pasado como titular del Poder Judicial.
Para ello apelaron a una reforma constitucional de 2000 donde se cita que ese Poder de Estado está representado por todos los tribunales, de tal forma que es necesario nombrar a cualquiera de ellos como presidente del Poder Judicial en Morelos.
Víctor Manuel González Cianci se limitó a responder: “Olvidan los magistrados que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se interpuso una controversia constitucional y todavía no hay una resolución al respecto”.
El 11 de junio pasado la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local detectó irregularidades por al menos 80 millones de pesos en gastos sin justificar durante el año pasado, en el tercer caso que enfrenta el presidente del TSJ de Morelos.