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San Antonio, Texas, EU.- Las medidas de seguridad adoptadas por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 interrumpieron la comunicación que a través de “cruces informales”, mantenían pequeñas comunidades del Río Bravo.
La relación entre las comunidades estadounidenses de Lajitas y Boquillas, Texas, y las mexicanas el Paso Lajitas y San Carlos, Chihuahua, así como Boquillas del Carmen, Coahuila, fue súbitamente interrumpida al impedirse los cruces irregulares.
Los cruces ilegales eran habituales entre esas apartadas regiones por no existir puentes internacionales u otros puntos de acceso legal para transitar de un país a otro.
Por décadas, los residentes de las pequeñas comunidades fronterizas mexicanas cruzaron a pie o en barcas el Río Bravo sin realizar trámite alguno para ir de compras, asistir a la escuela o acudir al trabajo en Estados Unidos.
Incluso se beneficiaron de servicios como la electricidad y el teléfono de Estados Unidos por líneas tiradas a través del Río Bravo.
Cientos de turistas estadounidenses que visitaban la zona del Parque Nacional Big Bend pasaban también sin documentos a México a adquirir artesanías o comer en pequeños establecimientos.
La interdependencia entre estas comunidades terminó en mayo pasado cuando la Patrulla Fronteriza realizó una redada en la que detuvo a 24 personas que cruzaron la frontera sin documentos y se encontraban en Lajitas de compras o trabajando.
Estudiantes y trabajadores residentes de Paso Lajitas, Chihuahua, deben ahora viajar cuatro horas para acudir a sus empleos o escuela en Lajitas, Texas.
A ambas comunidades sólo las separa el Río Bravo, pero el cruce internacional más cercano se ubica a 150 kilómetros de distancia, en Presidio, en el estado mexicano de Chihuahua. La vida de estudiantes y trabajadores mexicanos y la de sus familias se ha visto alterada, pues muchos de ellos optan por permanecer toda la semana en el lado estadunidense y sólo regresar a territorio mexicano sábados y domingos.
La interrupción de los cruces amenaza incluso a la vida como comunidad de Paso Lajitas, dado que varias familias decidieron mudarse a pueblos menos aislados.
Pablo Caballero, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector de Marfa, a cargo de la vigilancia en la zona, reconoció que las medidas de seguridad alteraron la vida de esta parte de la frontera.
Caballero defendió, sin embargo, la decisión de cerrar en definitiva los “cruces informales” como medida necesaria para garantizar la seguridad interna de Estados Unidos.
“Estamos ahora en nuestro más alto estado de alerta. Nuestra prioridad número uno es la seguridad nacional”, señaló. “Eso es lo que ha cambiado”.
Empero para los residentes de las comunidades afectadas, las razones de las autoridades estadounidenses carecen de sentido. “Es prácticamente imposible asegurar la frontera, las drogas y los cruces de inmigrantes indocumentados continúan a todo lo largo de la línea”, aseguró Linda Walker, una promotora turística que resultó afectada en su negocio por la prohibición de los cruces informales.
Walter rentaba caballos a turistas estadounidenses que los utilizaban para cruzar el Río Bravo y visitar las comunidades mexicanas.
La interrupción de los cruces hacia México afectó la actividad turística a la zona del Big Bend, dado que los visitantes encuentran ahora menos atractivos para visitar el área.
Se estima que unos 30 mil turistas que visitaban el Big Bend optaban por cruzar la frontera “ilegalmente” cada año.