La integración de una mesa de trabajo entre gobernadores y legisladores federales para elaborar el Presupuesto de Egresos para el año de 2003, es un ejercicio positivo para el país.
La estrategia concebida en el seno de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara, ofrece un cauce para resolver la confrontación entre la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores y el Presidente de la República, en relación al tema del reparto de los recursos por parte de la Federación.
En términos de la intención anunciada, del acuerdo surgiría una auditoría a la recaudación federal participable, lo que desde luego no requiere un político especial, sino que es tarea ordinaria de las funciones del Congreso a través de la Contaduría Mayor de la Cámara de Diputados.
En segundo término, serían incorporados a la agenda legislativa, las propuestas de los gobernadores en orden a un aumento al Fondo General de Participaciones y a los Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, lo que en lenguaje liso y llano, significa dotar de más recursos a estados y municipios, para ser invertidos en más obra y mejores servicios públicos y en los rubros prioritarios de combate a la pobreza y seguridad pública.
La idea es buena porque establece una dinámica de corresponsabilidad entre los distintos actores políticos, que puede ser el principio para superar los antagonismos partidistas que han hecho pasar a los gobernadores priistas, de una ancestral actitud de sumisión absoluta al poder presidencial, a una postura inmadura de ciega oposición frente al Ejecutivo Federal en el tema que nos ocupa.
Lo que estamos viviendo es la democracia como medio para construir el país que queremos, a partir del intercambio de ideas, el consenso de voluntades y la suma de esfuerzos, que nos permitan vivir en forma civilizada, en la diversidad política que nos es propia como nación y al propio tiempo, sin requerir un gobierno autoritario que en nombre del orden y la estabilidad, sacrifique la participación y la libertad.
En este marco de integración, al que convocan los coordinadores parlamentarios de las fuerzas políticas más relevantes, resulta patética la solicitud de algunos priistas que ante la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, piden la expulsión del ex presidente Ernesto Zedillo, por haber asumido en días pasados y en un acto académico, la defensa de la postura del Gobierno Federal frente a los reclamos de los gobernadores de la Conago, en el sentido de que es prioritario mantener la disciplina en el gasto público, en aras de mantener el déficit fiscal bajo control.
La solicitud y trámite relativos a la expulsión de Zedillo, del partido del que fue jefe nato en su calidad de Presidente de la República en los últimos años del viejo régimen, implica un absurdo que no corresponde a los tiempos que corren, en los que lo propio es que las controversias o debates que se susciten, se resuelvan en forma institucional y por consenso, al margen de cualquier amenaza de exclusión en contra de persona alguna, por el solo hecho de que no piense como otro.
Si queremos impulsar la transición hacia la democracia plena y fortalecer nuestro sistema federal y de división de poderes, no existe otro camino que el del diálogo constructivo y el trabajo conjunto. En el tema que nos ocupa, la única forma de optimizar en términos de cantidad y oportunidad la asignación y entrega de recursos a estados y municipios, es mediante la suma de esfuerzos y el Congreso de la Unión, es el foro institucional adecuado para intentarlo.
Lo anterior porque si el Poder Legislativo es el encargado de discutir y aprobar las leyes hacendarias, corresponde a dicha instancia el erigirse en espacio de recepción de la demanda de recursos que por vía institucional, corresponden en todos los niveles de Gobierno.
Sólo hace falta resolver el problema de ingresos, antes de pensar en el reparto por vía de egresos. Tanto en la economía doméstica como en la más sofisticada, priva el principio de que no se puede gastar más de lo que se tiene y en el caso, los gobernadores de la Conago se han visto muy activos para exigir la asignación y entrega de recursos, pero muy parcos para proponer fuentes de ingreso.