El miércoles pasado asistí como expositor a la XXV reunión plenaria de los comités bilaterales de México y Japón en la Ciudad de México.
El evento fue inaugurado por el Presidente Vicente Fox y consistió de varias sesiones donde empresarios y funcionarios públicos de ambos países abordaron temas sobre inversión, comercio, economía y finanzas, así como sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre México y Japón.
Me tocó hablar sobre la situación económica de México y sus perspectivas, así como sobre las reformas estructurales necesarias para mejorar los niveles de ingreso y bienestar de los mexicanos. Lo relevante para mí, sin embargo, no fueron tanto los mensajes que enviamos empresarios y políticos mexicanos, sino las inquietudes de los empresarios japoneses, así como las lecciones que nos enseña el manejo de su economía.
Un tema que salió a relucir en varias ocasiones fue la preocupación de los empresarios japoneses por las condiciones de inseguridad que existen en el país. Uno de ellos comentó que, entre otros factores, el problema de la falta de seguridad en México desalentaba enormemente la migración y la inversión japonesa. Los que viven aquí son testigos de la proliferación de asaltos, secuestros y amenazas que representan, desde su punto de vista, uno de los problemas más importantes que debe atender el gobierno Mexicano.
El tema fue lo suficientemente relevante como para que el Presidente Fox lo abordara en su intervención, así como que también hiciera mención de ello el Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez. Las respuestas de ambos, sin embargo, fueron demasiado optimistas. Si bien plantearon que era una prioridad de esta administración atender la seguridad de las personas y de las empresas en el país, hablaron como si ello fuera ya una realidad, lo que contrasta grandemente con la percepción no sólo de los que asistimos al evento, sino de muchos otros mexicanos y extranjeros, sobre la falta de un Estado de Derecho que garantice la seguridad de las personas y sus bienes en el país.
La actividad criminal en México no se detendrá repentinamente por las buenas intenciones de las autoridades. Tampoco lo hará por la simple contratación de asesores externos.
Un cambio radical en el nivel de criminalidad en México sólo se dará cuando nuestros gobernantes y legisladores entiendan que dicha actividad no se debe tanto a un entorno social adverso, sino al hecho de que es económicamente atractiva para los delincuentes.
Los criminales responden a incentivos. Ponderan, como cualquier otra persona, los costos y beneficios asociados a su actividad. En México más personas roban y secuestran porque descubrieron que la captura es remota, y el castigo es poco probable y muy leve. Es crucial cambiar estos incentivos. La mayor certidumbre de captura se logra mejorando la calidad y el entrenamiento de la policía. Las leyes, por su parte, necesitan modificarse para tipificar delitos, establecer penas más severas, y cambiar los procedimientos de los tribunales para hacer más expedito y cierto el castigo. La tarea no es sencilla, pero es urgente iniciarla. Para ello es necesario que se deje a un lado la retórica y los legisladores se pongan a trabajar plasmando esos cambios en ordenamientos legales, así como que los jueces los pongan en práctica.
El otro tema que me llamó la atención tiene que ver con la situación económica en Japón, cuya exposición estuvo a cargo del señor Naoki Ito, Director General del Banco de Tokyo-Mitsubishi en México. Su descripción subrayó, entre varios aspectos, las dificultades prácticas que enfrenta la economía japonesa para aplicar las reformas estructurales que resuelvan sus problemas.
El tiempo no permitió, sin embargo, que el auditorio apreciara en toda su dimensión los problemas estructurales de Japón. La falta de decisión política ha hecho que por más de una década la economía japonesa se haya tropezado en diversas ocasiones después de varios intentos fallidos de recuperación.
Los políticos japoneses han prometido, uno tras otro, aplicar las reformas estructurales necesarias para resolver la ineficiencia de sus empresas públicas, la cartera vencida y el quebranto de la mayoría de los bancos. Pero las promesas hasta ahora no se convierten en realidad. La esperanza nace cuando se hacen anuncios de cambios importantes, pero muere pronto cuando los políticos no están dispuestos a cargar con la impopularidad que generaría la instrumentación de esas reformas.
El ministro de economía y política fiscal Heizo Takenaka enfrenta una fiera oposición de los banqueros, los burócratas y los políticos que invariablemente conspiran contra cualquier reforma de fondo en Japón. Los japoneses no han sido capaces de atender de manera apropiada el gran problema que representa la cartera morosa en sus bancos. Tampoco quieren reconocer que las empresas más débiles necesitan reestructurase o cerrar.
La experiencia de Japón nos enseña que las reformas estructurales siempre enfrentan una férrea oposición de los intereses más afectados por ellas. Las dificultades para aplicarlas generan costos importantes, y sus problemas se han hecho progresivamente mayores por los años de inacción. Los japoneses pueden darse este ?lujo? porque son una nación rica, lo que no puede decirse de países en desarrollo como México, que carecen del margen de maniobra para seguir posponiendo, por intereses políticos mezquinos, los cambios estructurales que facilitarían un crecimiento más dinámico de la productividad, y con ello del ingreso y el empleo en nuestro país.
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