Militares rindieron su declaración sobre su presenta participación en dar protección a narcotraficantes, estas acciones se llevaron a cabo en la Comandancia de la tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa. (Archivo/Eikon)
Mazatlán, Sin.- Al menos 100 efectivos castrenses empezaron a rendir declaración en el cuartel de la Comandancia de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, donde se encuentra el octavo juzgado y la prisión militar, dieron a conocer fuentes relacionadas con la defensa de los inculpados, que solicitaron permanecer anónimas.
Abundaron que se investiga a los militares sobre su presunta participación en dar protección a narcotraficantes, y en cuanto a bolsas que se les encontraron, que contendrían cientos de miles de dólares en efectivo.
Asimismo, este lunes fueron dejados en libertad en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, donde se ubica el cuartel del 65 Batallón de Infantería, cerca de 500 militares, encabezados por el coronel Norberto Cortés Rodríguez, quien al salir de las instalaciones donde se encontraban acuartelados desde hace 12 días, negó que en todo este tiempo se encontraran detenidos.
Mientras tanto, la noche del domingo fueron trasladados a la prisión militar de Mazatlán diez elementos del Batallón 65, y se esperaba que otros 45 llegaran el lunes, de los casi 100 a quienes se indaga por presuntamente haber recibido dinero por parte de narcotraficantes.
Las fuentes sostuvieron que el acuartelamiento ocurrió cuando integrantes de la Policía Militar de la ciudad de México, acompañados por elementos de la Policía Federal Preventiva, sorprendieron a un grupo del Batallón 65 supuestamente custodiando plantíos de enervantes en la parte alta de la sierra de Badiraguato, Sinaloa, militares que fueron detenidos en el lugar y a quienes se decomisaron bolsas que según trascendió, contenían casi un millón de dólares.
Los informantes añadieron que el sábado escaparon del cuartel de Guamúchil dos elementos militares, entre ellos el teniente Marco Antonio Vázquez, hecho que retrasó el traslado de soldados a la prisión castrense de Mazatlán.
SE QUEJA LA CEDH DE LA FEDERACIàN Y AUTORIDADES CASTRENSES
El gobierno federal es incongruente con su política de respeto a los derechos humanos, al no permitir que personal de la Comisión Estatal en la materia (CEDH) verificara las instalaciones militares en Guamúchil donde permanecieron acuartelados unos 600 soldados "incomunicados y algunos torturados", afirmó el ombudsman sinaloense, Jaime Cinco Soto.
Este lunes se negó nuevamente al titular de la CEDH de Sinaloa ingresar al edificio del 65 Batallón de Infantería, en Guamúchil, a cuyos mandos familiares de soldados de diferentes rangos señalaron como responsables de la detención masiva.
Parientes de soldados, que pidieron anonimato, aseguraron que se sometió "a muchos" de los militares a torturas psicológicas y físicas, como parte de una supuesta indagatoria interna.
Media hora después que funcionarios de la CEDH sinaloense llegaron el lunes a las instalaciones militares en Guamúchil, los recibió en el exterior del edificio el coronel Norberto Cortés Rodríguez, comandante del 65 Batallón de Infantería, quien les aseguró que el asunto no era competencia de la Comisión Estatal, sino de la Nacional de Derechos Humanos, a cuyo personal sí permitirían ingresar.
-¨Todo está conforme a la ley? ¨No hay maltrato?- Le preguntó Rafael Cabrera, visitador general de la CEDH.
-Definitivamente- replicó el militar.
Cortés Rodríguez dijo estar "en la mejor disposición" para atender a la CEDH, pero negó la posibilidad de ingresar al cuartel. Tampoco respondió a cuestionamientos de los reporteros presentes. "No hay nada qué ocultar", dijo repetidas veces, y justificó su silencio en tener instrucciones al respecto por parte de sus mandos inmediatos de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán.
"NO LOS VEMOS DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE"
Denisse Mejía esperó tres horas para que los militares apostados en el acceso principal al 65 Batallón de Infantería le dijeran que no iba a poder ver a su marido, el soldado Erick Velásquez Leal.
Ella es una de las esposas de los militares que aparentemente permanecían incomunicados desde hacía 11 días en el interior del edificio, pero Denisse dijo no haber estado con su cónyuge desde el 19 de septiembre. Comentó que la última vez que se vieron, Erick le dijo que iría a un operativo de destrucción de droga en la sierra de Sinaloa de Leyva, que colinda con el municipio de Badiraguato, muy cerca de Durango. Cuando volvió ya no lo dejaron salir.
El domingo por la noche, Erick habló por teléfono con Denisse. Le dijo que desconocía por qué los mantenían en esas condiciones, que no había sido golpeado y que podía ir a verlo el lunes. Y así fue, pero con resultados infructuosos.
"Nosotros no queremos tanto como entrar, sino que salga para verlo, ver cómo está. Pero los soldados que están en la puerta primero nos dijeron que a la una de la tarde, luego, de manera prepotente, dijeron que siempre no, que nos fuéramos", narró.
Acompañada de su pequeña hija y su suegra, Denisse dijo confiar en que su esposo, quien va a cumplir dos años como efectivo del Ejército Mexicano, no haya hecho algo malo.