¿Cómo interpretar el sorpresivo anuncio de que la justicia militar someterá a juicio a oficiales de alto rango por el asesinato de 143 personas durante nuestra trágica Guerra Sucia? La información ha provocado un gran interés y las reacciones han oscilado entre el elogio, el escepticismo y la condena.
En las últimas semanas se aceleraron las transformaciones estructurales en varios frentes. Cuando el enfrentamiento entre el sindicato petrolero y el gobierno todavía no terminaba se movió el frente de batalla sobre las violaciones a los derechos humanos durante el viejo régimen. De manera sorpresiva la Procuraduría General de Justicia Militar informó que juzgaría a varios oficiales por haber asesinado a 143 personas en una base militar de Acapulco para luego aventar los cuerpos al océano en un macabro remedo de lo hecho en Argentina. Dos de los principales acusados, los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, ya se encuentran en prisión por realizar actividades ligadas al narcotráfico. Sería un error analítico, y un despropósito histórico, menospreciar la importancia que el hecho tiene. No es menor que las Fuerzas Armadas sean los primeros en someter en juicio por estos hechos a integrantes del aparato de seguridad (nunca antes se había hecho). Que los enjuiciados sean generales tendrá un enorme efecto al interior del instituto armado demuestra que la corriente representada por el general secretario, Gerardo Vega, sigue decidida a poner al día a las Fuerzas Armadas.
El mensaje que lanzan es que el ejército es capaz de reformarse a sí mismo y de reconocer sus responsabilidades lo que significa un salto enorme en la corrección de los abusos que se cometieron contra los derechos humanos. El enjuiciamiento se relaciona con otros planos más fundamentales. Uno, evidente, es el conflicto entre instituciones. En nuestra acendrada cultura de la desconfianza, una de las explicaciones dadas al juicio a los generales es que la Secretaría de la Defensa Nacional está adelantándose para evitar que los suyos sean procesados en una corte civil. De esa manera cuestionan a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que empezó a funcionar en la Procuraduría General de la República hace unos cuantos meses.
En entrevista telefónica el titular de la Fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, considera que la acción de los militares “alienta, fortalece e impulsa” a la organización que preside. Ambas instituciones, dice, cooperan y se complementan. Después del elogio viene una aceptación implícita de que hay un conflicto de competencias porque, añade, la Fiscalía “continuará con las averiguaciones previas sobre las desapariciones” y cuando concluyan las investigaciones la Fiscalía presentará sus consignaciones ante un juez federal que será el encargado de decidir en cuál de los dos “fueros”, el civil o el militar, se juzgará a los responsables.
Subyaciendo el hecho y los comentarios hay un asunto nodal en la relación civil-militar: ¿debe un tribunal militar juzgar a los suyos cuando éstos cometan delitos contra civiles? El artículo 13 de nuestra Constitución es claro al respecto: “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar... Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Pese a la claridad del precepto, el prestigiado defensor de los derechos humanos Miguel Concha, comenta en entrevista que “en el Código de Justicia Militar los militares se dieron una noción ampliada de su jurisdicción para incluir los delitos contra civiles lo que es a todas luces anti-constitucional”. El asunto se complica por la relación que existe entre derecho interno e internacional.
México firmó la Convención Americana sobre la Desaparición Forzada de Personas, pero introdujo una reserva permitiendo que los tribunales militares juzguen a los suyos lo que preserva el fuero. Cuando esto sucedió, el Gobierno del Distrito Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte que próximamente decidirá sobre un asunto que recuperó actualidad, nacional e internacional, cuando se supo que un tribunal militar juzgará a los generales. Una de las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, Human Rights Watch, expresó en Washington su preocupación porque los crímenes sean juzgados en tribunales militares.
Además de contradecir la práctica internacional en las cortes militares hay poca transparencia lo que impide a civiles monitorear los juicios, y se inhibe a testigos que no desean declarar ante cortes militares. La discusión se engarza con el intrincado tema de las responsabilidades de personas e instituciones. Las dos Procuradurías (la civil y la militar) sólo están juzgando responsabilidades individuales lo que es criticado por un sector relativamente amplio de la opinión pública que exige que se aclare la responsabilidad que tuvieron las instituciones. Las motivaciones en este sector son de lo más variadas: algunos lo hacen para conocer la verdad histórica, otros quieren justicia y no falta el que busca la revancha. Una razón adicional es la importancia que tiene conocer de la manera más detallada posible el tejido institucional (y eso también incluye a estados y municipios) que torturó, ejecutó y desapareció. Ese conocimiento será indispensable para desmantelar lo que persiste de ese aparato.
Entiendo que la aspiración antes mencionada es difícil de satisfacer. Los actores fueron múltiples e interactuaron entres sí de manera por demás compleja amparándose en reglas y costumbre bastante ambiguas, y en un contexto internacional polarizado. Fluyen las justificaciones, racionalizaciones y balbuceantes silencios confirmando cuanta profundidad guarda el pensamiento de Hegel que escribió en su Enciclopedia: “en nuestra época tan reflexiva y razonadora, no llegará muy lejos quien no sepa aducir una razón fundada para todo, por muy malo y errado que ello sea”. Es tan serio lo que está en juego que se antoja difícil un acuerdo o una solución jurídica en el corto plazo.
Lo que sí se está generando, y en abundancia, es información sobre lo que pasó en aquellos años lo que ilumina los huecos y muestra las reformas pendientes. Vistas así las cosas, la decisión de las autoridades militares generará nuevas oleadas de documentos que complementarán la reconstrucción de la historia y de las responsabilidades. En este terreno hay que apuntar que si el ejército castiga a los suyos no sorprende que exija la aclaración de la responsabilidad que tuvieron civiles en las más de 350 bajas que, según sus estimaciones, tuvieron en los combates con la guerrilla rural de Lucio Cabañas.
La acusación contra los generales no puede calificarse como una revolución, pero tampoco puede tacharse de una irrelevante maniobra de distracción. Es una confirmación de que, pese a todo, las instituciones evolucionan y van construyendo el cambio que conduce -esa es la esperanza- hacia la vigencia del Estado de Derecho. Enjuiciar a los generales es un reconocimiento expreso de los excesos cometidos por un régimen que se rehusaba a reconocer las transformaciones que vivía el país. La rigidez desaparece y el Estado reconoce que hubo responsables individuales en un proceso que difícilmente se quedará en ese terreno. Pese a su exasperante lentitud, a sus trompicones y letargos, la transición mexicana a la democracia continúa. Buenas noticias.
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