Aunque salió en libertad enseguida, con una fianza por millón y medio de pesos (ciento cincuenta mil dólares) fue ya detenido en Houston por la justicia norteamericana el doctor Rogelio Montemayor, director general de Pemex durante el año 2000. Ahora queda clara la estrategia judicial: no se activó su aprehensión y el inicio del juicio para su extradición hasta configurar todos los delitos por los que requiere procesarlo. Según decisión de un juez, el viernes 4 al de peculado (y otros delitos menores y accesorios) se sumó el de peculado electoral. De haber comenzado el trámite extraditorio antes de que esa orden de aprehensión fuera emitida, no habría sido posible seguirle juicio por ese otro delito, ya que la extradición acota la circunstancia por la cuál quien la padece puede ser juzgado en el país que lo reclama. Exactamente igual es la situación de Juan José Domene Berlanga, ex director corporativo de Finanzas de Pemex, también a disposición de la justicia norteamericana en la propia ciudad texana.
El 5 de junio de aquel año electoral, Pemex prestó al sindicato 640 millones de pesos. Firmaron el convenio respectivo Montemayor y Domene, así como Carlos Juaristi Septién, director corporativo de Administración y Julio Pindter González, subdirector corporativo de Relaciones Laborales, por la empresa. Y por el sindicato el entonces senador Carlos Romero Deschamps y el ingeniero Ricardo Aldana. Por no existir disponibilidad presupuestal expresa, fue necesario desviar para ese préstamo el monto respectivo, asignado a otros propósitos. Con sólo esas circunstancias habría un elemento central para configurar el delito de peculado. Pero sólo tres meses después las partes actuaron de tal modo que el préstamo se convirtió en regalo, o en encargo para ser trasladado a otro destino. ¿Cómo fue que ocurrió esa conversión? Por una vía muy sencilla: Pemex convino en pagar al sindicato una enorme suma, mil cien millones de pesos, de los que fueron descontados los 640 millones iniciales: ¡Con su propio dinero Pemex se dio por pagado!
El convenio No. 9399, del 5 de junio, estableció que el pago de los 640 millones de pesos se haría en veinte meses, a partir de noviembre siguiente. Pero no fue necesario comenzar siquiera a pagar. El 11 de septiembre fue firmado un nuevo convenio, el 9442, referido a una diversidad de materias. Esta vez por la parte sindical firmaron también Fernando Pacheco Martínez, que figura como secretario del Interior, Actas y Acuerdos y es el líder de la sección 24, con sede en Salamanca; y Manuel Limón Hernández, presidente del consejo general de Vigilancia. En lo que concierne al dinero, se entregaron 850 millones de pesos, “por concepto de indemnización por todos los rezagos, consecuencia de los ahorros generados a favor de Pemex, por no cumplir con los compromisos acordados en el contrato colectivo de trabajo y convenios administrativo-sindicales, en la revisión del pacto laboral de 1997, salarial de 1998 y contractual de 1999”. Fueron también recibidos por el sindicato 250 millones adicionales “para que el STPRM esté en condiciones de atender en forma adecuada la resolución de la demanda entablada en su contra por la empresa Arriba, teniendo en cuenta los gastos que a la fecha ha erogado el sindicato petrolero, según comprobantes que en su oportunidad se entregaron y que se convino como parte de la negociación salarial correspondiente al año 2000”.
No se entiende, sino bajo la lógica del corporativismo priísta, o porque se trataba de un valor entendido, para hacer llegar dinero al partido entonces en el poder, el que se pacte como parte de una negociación laboral la entrega de dinero para que el sindicato enfrente compromisos judiciales, suyos y no de la empresa, generados y hechos crecer, además, por el abuso y la abulia de los dirigentes sindicales. Por si fuera poco, se había estipulado en junio que la causa del préstamo de entonces era hacer frente a necesidades de la misma naturaleza: “atender los gastos y costas originados por las demandas interpuestas en contra del comité ejecutivo general y de las secciones que lo integran, de carácter laboral, penal, fiscal y civil”. Quizá percatados de la contradicción que derivaba de haber obtenido un préstamo y luego el pago de una prestación con fines análogos, se pactó el pago anticipado de los 640 millones de pesos, que ya no se cubrieron en mensualidades sino en una sola exhibición mediante el sencillo expediente, insistamos en ello, de cubrir un crédito con dinero regalado por el propio acreedor.
Tanto en el convenio como en el recibo correspondiente se estableció que se trataba de un finiquito, es decir que las partes no se reservaban exigencia laboral ninguna. ¡Pero lo mismo habían dicho en un convenio previo, de 8 de mayo, el número 9356! Montemayor y sus colaboradores entregaron entonces 350 millones de pesos para finiquitar -también se usó ese término legal- los rezagos habidos en las revisiones contractuales y salariales de 1997, 1998 y 1999. O sea que en mayo costó 350 millones lo que en septiembre se fijó en 850: ¡y los dos pagos se hicieron, referidos a la misma causa!
En total, la Secretaría de la Contraloría documentó pagos al sindicato, entre marzo y octubre, por mil quinientos ochenta millones de pesos. Los 640 millones del fingido préstamo inicial fueron depositados en Banorte y de allí partieron, todos o la mayor parte, en camioneta blindada rumbo al PRI. Veremos quién paga su recepción.