En muchas ocasiones hemos comentado el alto grado de penetración que a través de la corrupción logran las bandas de narcotraficantes, que lo mismo se les supone vinculadas al asesinato de un comandante del Grupo Especial de la Procuraduría de Justicia de un estado como el de Coahuila, que comprando la complicidad de cientos de militares del Ejército mexicano, como acaba de suceder en Sinaloa.
No es extraño que miembros del Ejército se vean inmiscuidos o vinculados con los narcotraficantes, lo que sí es una asombrosa novedad es que esa vinculación llegue al extremo de cuidarles con soldados sus plantíos de mariguana y que en esos actos se vean envueltos seiscientos militares que lo mismo ostentan grados bajos que altos, así como que se haya encontrado en su poder dinero que alcanza sumas de millones en dólares.
La obligada censura ha de caer sobre esos miembros del Ejército que han delinquido, pero también sobre los altos mandos de la secretaría de la Defensa que mantuvieron el caso oculto hasta que el mismo se hizo público por los familiares de los detenidos que después de doce días acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa para denunciar lo que ellos consideraban una privación ilegal de la libertad, que en verdad lo era, pues nadie más que las autoridades militares sabían lo que estaba sucediendo.
Es cierto que existe en nuestro país el fuero castrense que permite que sean los propios militares los que juzguen en sus propios tribunales a los miembros del Ejército, pero también lo es que ellas están obligadas a acatar las demás disposiciones que existen en materia penal o de derechos humanos, así como aquéllas referentes a la información que deben dar a instancias de los particulares y en el caso comentado violentaron esas normas, por lo que es necesario que respondan por ello quienes sean responsables, porque el fuero comentado no les alcanza para tanto.