Los senadores priístas Oscar Luebbert, de Tamaulipas, y Fidel Herrera, de Veracruz pidieron a la Secretaría de la Contraloría, a través de su Cámara, que investigue si “existen responsabilidades por parte de diversos servidores públicos, por obstrucción de transferencia de 20 por ciento de las administraciones portuarias integrales... al gobierno y municipios de esas entidades federativas”, a las que al presentar la petición añadieron a Baja California Sur y Yucatán.
De inmediato, uno de los señalados, Francisco J. Ávila Camberos, salió al paso de la solicitud senatorial, ofreciendo su propia versión de los hechos. ¿De qué se trata? Como parte de la modernización de los puertos, emprendida por el presidente Salinas, fueron creadas sociedades mercantiles por acciones, denominadas Administración Portuaria Integral (API) , seguidas de la ubicación geográfica del caso. En la ley de ingresos de la Federación para este año, ésa que fue aprobada a deshoras ya sobre el límite del periodo extraordinario de sesiones, se dispuso que la Secretaría de Hacienda transfiriera a los gobiernos estatales y municipales que lo solicitaran, el 20 por ciento de las acciones de cada administración. Prontísimo, el 4 de enero y el 10 del mismo mes, los gobernadores Tomás Yarrington y Miguel Alemán Velasco hicieron la petición correspondiente a los puertos de Altamira y Tampico, por un lado, y Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz (y después, según entendemos, hicieron lo propio Leonel Cota Montaño y Patricio Patrón).
La tesorera general de la Federación, Evelyne Rodríguez Ortega (que ya dejó esa responsabilidad) instruyó a la ingeniera María Antonieta Villegas Silva, responsable de administración de Cartera y Activos No Monetarios, para que hiciera la transferencia respectiva. No se ha podido completar esa operación, sin embargo, podría ser simplemente un problema técnico-jurídico cuya naturaleza no tiene sentido explicitar aquí. El hecho es que los senadores Luebbert y Herrera suponen, o saben, que hay algo más que desidia burocrática en la lentitud que ahora denuncian. Pidieron, por lo tanto, a la mesa directiva del Senado que solicite a la Secodam una averiguación sobre esas obstrucciones. Pero, más puntualmente, piden que la investigación se detenga en el caso de la Administración portuaria integral de Veracruz y determine “si por los antecedentes e intereses personales que en el referido puerto tiene el Ing. Francisco J. Ávila Camberos, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen hechos que deriven en posible conflicto de intereses que le impidan cumplir” las transferencias de 20 por ciento de las acciones al gobierno estatal y 6 por ciento al ayuntamiento jarocho.
Puesto que di cuenta de esa petición en mi crónica de la sesión senatorial del jueves pasado, Ávila Camberos respondió a los señalamientos. Comenzó por decir que no entiende “qué tiene que ver el puerto de Veracruz con bienes federales existentes en los estados de Tamaulipas, Yucatán y Baja California Sur, máxime que además el gobierno del estado de Yucatán aún no ha solicitado la entrega de sus acciones, y en el estado de Baja California Sur no existe ninguna API que dependa de la SCT y por lo tanto de la Coordinación a mi cargo”.
Luego el funcionario explica: “1. Quien legalmente tiene la obligación de hacer la transferencia accionaria es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “2. La demora en la entrega de las acciones se debe fundamentalmente a que los aumentos de capital que se hicieron en las administraciones anteriores, no fueron debidamente fundamentados y no tuvieron en todos los casos la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, la Tesorería de la Federación no reconoce esos aumentos. “3. Es importante que cuando las transferencias se realicen se hagan con toda la documentación en orden, actualizada y al corriente, ya que de lo contrario se generaría controversia con los nuevos socios, lo que podría significar polémica y desgaste innecesarios. “4. Dada la urgencia de lograr la entrega antes citada, hemos encabezado diversas reuniones con diferentes funcionarios, principalmente de Hacienda y Secodam, así como de la Procuraduría Fiscal de la Federación, para sentar las bases que nos permitirán resolver lo arriba expuesto. “5. Los avances logrados son importantes. A partir de este mes se llevarán a cabo las asambleas generales de accionistas, donde se regularizarán las deficiencias antes mencionadas y se sentarán las bases de la entrega respectiva. “6. El primer paquete accionario lo entregará probablemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los primeros días de octubre, y el resto a finales de ese mes o principios de noviembre. “7. Tenemos todo el interés en cumplir con la ley y resolver de raíz el presente problema. “Si no lo hemos logrado antes, es porque las administraciones anteriores dejaron correr el tiempo sin solucionar los problemas antes mencionados y le toca a esta administración poner las cosas en orden y al corriente. Eso no ha sido tan fácil, cuando hay tantas autoridades de diferentes secretarías involucradas en la decisión y no existe antecedente práctico alguno que nos señale con precisión el camino a seguir para resolver bien y rápidamente las cosas”.
Ávila Camberos pasa por alto el señalamiento de sus antecedentes e intereses en el puerto de Veracruz. Veremos cuáles son unos y otros.