El secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, Francisco Luis Monárrez Rincón, expresó que no existe ninguna irregularidad en la prestación del servicio de vigilancia a empresas privadas con elementos de la Policía Ministerial, en virtud de que los interesados son quienes absorben los costos que se generan en materia de sueldos y prestaciones del personal.
Anotó que tal vez el procurador de Justicia del estado, Luis Celis Porras, durante su comparecencia no supo explicar de manera suficiente esa situación, sin embargo, destacó que cuando a una empresa o particular le interesa la contratación de elementos de la Policía Ministerial con fines de seguridad, tienen que formular primero un convenio.
En el marco de la comparecencia del Procurador de Justicia del Estado en el Congreso local, la diputada panista Rosario Castro Lozano dio a conocer que las empresas Chilchota, Villas Campestre, Maderas Pinelli, Minera San Luis, Minas de Bacís, entre otras más, tienen a su servicio en total 127 elementos de la Policía Ministerial para el servicio de seguridad privada, sin embargo, el pago del salario lo hace el Gobierno del Estado.
Explicó que regularmente las empresas interesadas firman un convenio con la Secretaría de Finanzas y de Administración, en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado, en la que se establece los términos y duración del mismo, pero en donde se asienta que tienen que pagar ellos los costos en materia de salarios y prestaciones.
Monárrez Rincón comentó que no es exacta la percepción de que el Gobierno del Estado es el que paga la seguridad que brindan algunos elementos de la Policía Ministerial a los particulares, en virtud de que existen los documentos que comprueban que los gastos que se generan los cubren las empresas.
Señaló que la manera en que se registra estos ingresos es de carácter contable, de tal forma que los movimientos que se reciben por el pago de la prestación de estos servicios que no son de ahora, se reflejan en la contabilidad de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Precisó que los cheques que mensualmente depositan las empresas en la Secretaría de Finanzas y Administración, se transfieren a los gastos de la Procuraduría, por lo que insistió que no existe nada irregular en el pago de los agentes, ni en el registro de los ingresos.