Luego de resaltar que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no conoce aún los casos de las tres empleadas que fueron suspendidas de sus funciones como trabajadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el presidente de la instancia laboral, Mario Valero Salas, indicó que en la mayoría de los juicios de la materia el patrón argumenta, luego de cesar de su cargo o suspender a un trabajador, que éste cometió una irregularidad, un abuso, o incluso que faltó a la confianza que se le había depositado.
Al ser entrevistado por El Siglo de Durango en sus oficinas ubicadas en la unidad administrativa “Ángel Rodríguez Solórzano”, el Presidente del TECA señaló que no hay duda en cuanto a los derechos que las empleadas de la CEDH tienen, tampoco en lo que respecta a las obligaciones de los directivos al fungir como parte patronal, pues aunque sean consideradas “empleadas de confianza” la norma que regula la relación laboral es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual contempla en su artículo 15 que este tipo de trabajadores tiene todos los derechos y las prerrogativas que el resto de los empleados, excepto por el derecho a la inamovilidad, único que pierden los “de confianza”.
El representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje argumentó que la propia Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el título X, artículos 83 y 84, contempla que el personal técnico y administrativo que preste sus servicios en la CEDH se regirá bajo los lineamientos de la citada ley de trabajadores al servicio de los Tres Poderes; asimismo, señala la ley de la Comisión que sus empleados son de confianza debido a la naturaleza de las funciones que desempeñan.
En ese sentido, dejó claro que el hecho de que no tengan sindicato no significa que las empleadas suspendidas por la ombusdman estatal no pueden ejercitar sus derechos por sí mismos ante la instancia laboral correspondiente; por el contrario, recalcó que en curso están todavía dos juicios promovidos por igual número de trabajadores de la CEDH, quienes en diferentes momentos denunciaron haber sido despedidos injustamente y trabajar horas extras sin recibir la remuneración económica a cambio.
Valero Salas indicó que hasta octubre se ha registrado un total de 270 demandas de tipo laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, instancia que tan sólo en octubre recibió cerca de 25 nuevos expedientes para la apertura de juicios en contra de empresas descentralizadas y dependencias de gobierno municipales y estatales.