La Comarca Lagunera ha padecido y padece la crónica enfermedad del transporte público, la que a través del tiempo se ha ido agravando y transformando en un problema social y de servicios de muy difícil solución.
Para ninguna de las tres ciudades que conforman la zona conurbada de La Laguna ha existido una solución definitiva y el abuso, con el permanente chantaje social y político del que somos víctimas todos los ciudadanos, continúa presentándose sin que exista autoridad capaz de deshacer la madeja de intereses de los transportistas y sus líderes.
Es la herencia de un sistema político agotado, donde los líderes del transporte recibían prebendas del sistema, que van desde la simple impunidad en infracciones menores cometidas por los choferes, hasta el tráfico con permisos y placas de circulación, que se autorizaban según los intereses personales y de grupo, a cambio de contar con un número variado, a veces interesante, de promesas de votos electorales.
Y el monstruo creció hasta llegar a devorar todas las posibilidades de control, tragándose y nulificando a esas mismas autoridades que prefirieron dejarlo crecer, en tanto funcionara como un recurso para aferrarse al poder y hasta de publicidad gratuita y de mal gusto, al pintarrajear los vehículos manifestando el apoyo a alguno de los políticos aspirantes a ocupar puestos públicos.
Al menos en las últimas cinco administraciones de Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, han habido distintos intentos de contener la anarquía en el transporte, sin que haya cambios significativos en la calidad de atención al usuario; quedando los administradores públicos mal librados y con su imagen deteriorada por los resultados vergonzosos que obtienen; de hecho, la historia podemos resumirla en las constantes de: declaración política electoral, propuestas de diálogo con los caciques, discusiones, amenazas, frecuentemente paros de servicio y hasta choques violentos entre agremiados y autoridades, luego más avisos en los medios de comunicación, promesas de mejoras en los vehículos para lograr la autorización de incremento del costo del pasaje, incumplimiento de los compromisos adquiridos por los transportistas, discreta rehuida al problema por parte de las autoridades que están por concluir su mandato para empezar el ciclo nuevamente, con los nuevos gobernantes, que hacen declaraciones que tampoco cumplirán.
Es justo mencionar que en la administración pública que está a punto de concluir en Torreón, Coahuila, por primera vez se observaron adelantos en la atención del serio padecimiento social del transporte.
Ahora se ha logrado dimensionar el problema, que ciertamente tiene diagnóstico de muy grave; pudieron sentarse a la mesa del diálogo caciques del transporte y autoridades; se hicieron estudios serios y se levantó un inventario de prestadores de servicio, vehículos y dueños de permisos, a quienes se les autorizó y entregaron placas de identificación por cumplir, al menos, con los requisitos más indispensables y sobre todo: pudieron definir el problema para encontrar alternativas de solución, dándole sentido concreto con cifras exactas a los planes de trabajo.
El secreto fue simple: una administración honrada en la Dirección del Transporte Público Municipal y la participación de comisiones integradas por representantes de la sociedad que tienen suficiente autoridad moral y paciencia para establecer y sostener un diálogo en las mesas de negociación con los líderes transportistas.
Queda mucho trabajo adelantado para la nueva administración y también quedan tareas pendientes, que deberán continuarse; entre ellas: el establecimiento de controles computacionales y electrónicos para el cobro de tarifas de transporte; encontrar financiamientos rentables para la adquisición de nuevas unidades; mantener apegados a la ley a todos los transportistas y asegurarse que los intereses personales, gremiales, partidistas y hasta la corrupción no vuelvan a presentarse en el citado servicio público.
Coincido con Usted, si es de los que opinan que el transporte público en La Laguna es pésimo, tal vez el más malo entre todos los prestados en la República Mexicana, pero también sé que en el caso de Torreón (ejemplo para Gómez Palacio y Lerdo) trabajaron muchas personas en definir el problema y empezar a solucionarlo.
La gran incertidumbre que me queda es saber si Guillermo Anaya dará continuidad al trabajo hecho aprovechando el impulso, la información estadística y hasta la experiencia de los recursos humanos que se capacitaron con “el fragor de la batalla”. Lo invito a que estemos atentos en la atención que se dé al problema.
ydarwich@ual.mx