No debe haber términos diferenciados en lo que a gasto público se refiere, de manera tal que si el gobierno de la República (y por él entendamos los tres poderes que lo componen) le pide al pueblo amarrarse el cinturón y a los estados y municipios reducir gastos, ya sea porque la recaudación fiscal no ha sido la esperada o porque se requiere de ahorros substanciales, eso mismo deben hacer los tres poderes de la Unión.
En ese sentido se ha criticado fuerte al Ejecutivo Federal, porque a pesar de sus prédicas consistentes en que es necesario ahorrar y hacer más con menos, sigue pagando altos salarios, contratando personal por honorarios, cubriendo bonos de actuación y efectuando gastos superfluos, de manera que no se advierte por ningún lado cuál es el sacrificio que ese Poder realiza para ser congruente con lo que predica o demanda de otras instancias de gobierno.
Pero además, otro tanto igual hacen los dos poderes restantes, el Legislativo y el Judicial, pues el primero, abusando de las facultades que tiene para fijarse su propio presupuesto, lo incrementará en un 10.4 % el año próximo. A su vez, el Judicial ha solicitado un incremento notable en su presupuesto, con la finalidad de contar con más tribunales, cuando lo que necesita el país en esa materia no es cantidad, sino calidad en las resoluciones y honestidad en los magistrados y jueces.
Si al pueblo y a las instancias de gobierno locales se les exige austeridad, esa misma exigencia debería imponerse a sí misma la federación, pues no resulta lógico que exija para otros lo que no está dispuesta a aceptar, máxime que el argumento constante ha sido el de que no hay dinero para hacer obras, pero sí se pretende que lo haya para rubros que frente al gasto social, por ejemplo, son de menor importancia, todo lo cual redunda en una severa incongruencia.