La interpelación hecha por la Confederación Patronal de la República Mexicana al Gobierno de Coahuila, para que presente cuentas claras sobre la aplicación de los recursos del Impuesto Sobre Nóminas, amerita ser comentado. Lo anterior porque tales recursos deberían ser operados al través de un fideicomiso, cosa que no ha hecho la administración de Enrique Martínez y Martínez, que dispone de los mismos en el flujo general de sus finanzas.
Lo anterior falta al compromiso del Gobierno con la ciudadanía de Torreón, porque el impuesto se concertó contra la certeza de que su importe fuera invertido en nuestra ciudad en obra pública, mediante su administración en un fideicomiso. Lo anterior es relevante, porque da pie a otros incumplimientos en el rubro de la inversión misma como es el caso de la suspensión del bulevar Laguna, que se anuncia bajo el pretexto de que los recursos correspondientes, serán invertidos en el distribuidor vial de la Carretera a Mieleras.
La suspensión que implica que el bulevar citado sólo llegue a la altura de la calle Comonfort y no hasta el Puente Negro como se anunció en un inicio, constituye un doble agravio a nuestra ciudad. Por una parte se deja inconcluso el bulevar Laguna al que de esta suerte se le convierte en un enorme callejón sin salida y por otra, se genera la incertidumbre de que más adelante se suspenda el distribuidor vial bajo el argumento de que los recursos se requieren en otra obra.
No es válido festinar la construcción del distribuidor vial de múltiple mención, si a fin de cuenta se va a realizar con recursos retirados de otras obras que de esta suerte quedan inconclusas. Comportamientos extraños de la autoridad como este que es objeto de comentario, son los que alimentan la convicción de que Torreón recibe un trato injusto en cuanto a la asignación del gasto público, en proporción al monto de lo que aportamos en impuestos como sociedad productiva.