El anuncio hecho por diversos representantes del sector laboral, respecto a que los factores de la producción a nivel nacional se encuentran cerca de un consenso para realizar la reforma legal en el rubro indicado, es positivo. Lo anterior implica que tanto el Gobierno como los sindicatos de trabajadores y empleadores, estarían en condiciones de presentar un proyecto que se convertiría en iniciativa de Ley, una vez que alguno de los órganos del Estado facultados para tal efecto lo hiciera suyo.
Como es del conocimiento, el atender a la necesidad de adecuar el marco legal que norma las relaciones laborales de acuerdo a las circunstancias del México del Siglo Veintiuno en un entorno mundial globalizado, es una prioridad. Con mayor razón si se toma en cuenta que la ley sustantiva en la materia, data del año de 1937 y la última reforma al procedimiento contencioso data de hace treinta años.
El pago por hora, la contratación a prueba, el régimen de los aprendices, la determinación de jornadas en horarios flexibles, etcétera, son cuestiones fundamentales para hacer las relaciones de trabajo más flexibles, eficientes y dinámicas. Otro rubro de gran importancia que requiere atención urgente, es una reforma sindical que parta del derecho de libre asociación y del voto libre y secreto, como sustento de una democracia que garantice la adecuada representación del gremio.
En otros términos se trata de una puesta al día de las normas que regulan el tema en cuestión, cimentada sobre el respecto a los derechos y conquistas logrados por los trabajadores en el pasado y desprovista de tabúes, paternalismo y demagogia. Del éxito del proceso depende en gran parte la competitividad de las empresas mexicanas y como consecuencia, el destino de nuestra economía y el bienestar de nuestras familias.