El segundo informe de gobierno del presidente Vicente Fox se desarrolló dentro de un ambiente previsible, pues no faltaron las protestas de los legisladores opositores a su régimen que aprovecharon la oportunidad para contradecir a voz en cuello las afirmaciones del titular del Ejecutivo, sobre todo en rubros de una alta repercusión en el pueblo, como son los de educación, salud y empleo.
Esas manifestaciones de inconformidad o desacuerdo que no llegaron a mayores, evidencian la existencia de dos visiones en algunos puntos extremos, pues mientras el Presidente considera que hay avances que permiten avizorar la luz al final del túnel que representa la crisis que está viviendo el país, sus opositores estiman que ésta continúa y que ninguna salida viable se vislumbra ni hay realmente esperanzas de que la situación mejore.
Como era también de esperarse, los legisladores panistas estuvieron apoyando al Presidente en todo momento y tratando de acallar con sus aplausos las críticas de los opositores, lo que no es ninguna novedad ni en el actual ni en el viejo esquema de los informes presidenciales, sólo que ahora los papeles de los protagonistas se han invertido de manera tal que los que antes aplaudían ahora critican y los que antaño criticaban son hoy los que aplauden.
No obstante lo anterior, hay una conciencia mayoritaria en el sentido de que los poderes federales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) deben buscar la forma de arribar a consensos que les permitan impulsar un avance del país, pues los opositores no pueden fincar sus futuros triunfos electorales en el fracaso de las tareas administrativas, ni los defensores del régimen deben desear que retornen los tiempos de la presidencia imperial para reforzar la marcha de la nación. El esfuerzo de quienes integran los poderes de la Unión debe efectivamente ponerse al servicio de las mejores causas de México.