El giro que ha tomado el conflicto de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente de la República, respecto a la entrega de las participaciones federales a los estados, es positivo. Después de las acusaciones mutuas sobre presuntos errores que se pueden corregir con simples aclaraciones aritméticas y contables, la Secretaría de Hacienda, ha aceptado la auditoría que sobre el particular pidieron los gobernadores de la Conago.
Lo anterior supone un avance en la relación entre los diferentes niveles de Gobierno, que se debe repetir entre estado y municipios y en específico en el caso de nuestra ciudad. Lo anterior porque resulta extraño que a nivel estatal existan condiciones positivas en las finanzas que han permitido al Gobierno bursatilizar la deuda pública, en tanto que nuestro municipio padece una crisis, en cuya virtud se pretende contratar un crédito para pagar el gasto corriente.
Lo anterior sólo puede explicarse a la luz de la siguiente alternativa: Nuestra ciudad no está recibiendo los recursos que en términos de participaciones federales le corresponden, o la actual administración municipal no ha hecho bien su tarea. El fenómeno histórico de reparto injusto para el municipio de Torreón, podría sintetizarse hoy día en la frase: “Gobierno estatal rico, obras y servicios municipales pobres”.
Por fortuna la nueva relación institucional que se configura en nuestro país, hace posible revisar el trato que recibe nuestra ciudad en cuanto a la asignación de las participaciones federales que le corresponden, a través de la administración estatal. Los puntos de referencia para dicha revisión se encuentran en la Ley de Coordinación Fiscal y se debe instrumentar por medio de una auditoría a las finanzas del Gobierno de Coahuila.