Tratándose de la asignación de recursos a las entidades federativas, no hay nada más odioso que el que se trate en forma desigual a los iguales y sobre todo cuando esa desigualdad deriva del origen partidista de los gobernadores que son los titulares de los poderes ejecutivos, porque entonces se politiza esa asignación generando efectos nocivos para pueblo y gobierno, lo que es invariablemente rechazado por la ciudadanía.
Es por ello que la acusación lanzada por la Conferencia Nacional de Gobernadores, en voz del tabasqueño Manuel Andrade, es grave, pues en ella se acusa al presidente Vicente Fox y a su administración, de actuar parcialmente y por intereses político electorales, apoyando económicamente y en mayor grado a los gobiernos estatales emanados del Partido Acción Nacional, con miras a las elecciones federales del próximo año en las cuales habrán de elegirse diputados federales.
Resulta claro que el Presidente quisiera contar con un Congreso afín a sus políticas y programas, que le aprobara sin grandes modificaciones las reformas constitucionales que a su juicio son necesarias para poder sustentar un esquema económico que, acorde con los tiempos de globalización que corren, abran aún más nuestras fronteras a la inversión extranjera y poder así cumplir con muchas de sus promesas de campaña.
Una forma de lograr ese objetivo es estableciendo las bases para facilitar a los candidatos panistas su arribo al Congreso y obtener una cómoda mayoría, lo que podría conseguir si restringe los apoyos para los gobiernos estatales de oposición, porque acarrearía con ello cierto desprestigio a los partidos de los que aquellos emergieron. Pero, por la vía de perjudicar o entorpecer las acciones de los estados, no es válido lograr ese objetivo, como no lo fue en el pasado, cuando el propio Fox, siendo gobernador, censuraba ese tipo de políticas.