La invasión de terrenos y fincas que denuncian vecinos del Fraccionamiento Morelos II de Gómez Palacio, Durango, plantea un problema que deben atender las autoridades estatales y municipales. De acuerdo a información sobre el particular, habitantes de esa colonia aseguran que grupos que actúan por encima de la ley, han invadido lotes de terrenos y algunas viviendas, aprovechando que estaban desocupados.
Lo expuesto genera un problema para los quejosos, pues de la noche a la mañana aparecen como vecinos de sus casas, grupos de personas que no manifiestan respeto alguno por la integridad personal o los bienes de sus semejantes. Esta actitud se basa en un sentimiento de impunidad, ya que los invasores y sus líderes festinan y se jactan de contar con el apoyo de las autoridades municipales de la vecina ciudad.
Desde luego la Presidencia municipal desmiente tales acusaciones, pero los hechos confirman que los líderes referidos y sus seguidores, cuentan con patente de corso para ocupar la propiedad ajena, sin que ninguna autoridad lo impida. Además la invasión coincide con el inicio de procedimientos de ejecución tendientes a obligar a los propietarios a fincar o limpiar los terrenos, lo que mueve a sospechar que existe complicidad o al menos complacencia de las autoridades.
Los colonos quejosos tienen derecho a vivir con tranquilidad; los propietarios deben recibir protección, aun en el evento de que tengan pendiente el cumplimiento de alguna obligación en cuyo caso, tienen derecho a un juicio justo. Frente al imperio de la ley de la selva, tanto las autoridades del municipio de Gómez Palacio como las encargadas de la procuración de justicia en el estado de Durango, deben tomar cartas en el asunto.