El conflicto suscitado en la región de Cuatrociénegas, Coahuila, en relación con la apertura al cultivo de tierras a partir de la perforación de cuarenta pozos profundos de agua para tal objeto, es digno de atención. De acuerdo a los antecedentes, algunos productores de la Comarca Lagunera emprendieron la apertura de la zona en cuestión, como alternativa a la siembra de forrajes a fin de reducir los niveles de explotación del acuífero comarcano.
El intento de explotación intensivo llamó la atención de algunos grupos de ambientalistas que pidieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, de la que resultó la suspensión de los referidos trabajos de desmonte y perforación en el Valle de El Hundido. Lo anterior hasta en tanto se haga un estudio de impacto en el medio ambiente que determine las consecuencias y en particular, en relación a la protección de las pozas de agua dulce que existen en esa región del desierto.
De la suspensión referida deriva un enfrentamiento con algunos campesinos empleados en las labores de desmonte, que con el argumento de proteger su fuente de trabajo tomaron las oficinas de la Presidencia Municipal. Sea que los campesinos hayan procedido o no por iniciativa propia, la falta de tal estudio corresponde a una mala planeación, que es responsabilidad de empresarios y autoridades, pues no se concibe que primero se establezca el área agrícola y después se estudien las consecuencias.
Esta falta de planeación revela una relación deficiente entre Gobierno de Coahuila y productores, pues el Gobierno del Estado manifiesta que no autorizó la empresa, sino que sólo sugirió a los agricultores que buscaran alternativas de siembra fuera de esta Comarca. En todo caso, la búsqueda de tales alternativas tendrá que ofrecer la adecuada protección al medio ambiente y además, reducir la explotación del acuífero comarcano en un volumen de agua equivalente al que se obtenga en cualquier otra zona.