Dos meses y medio fue el tiempo que utilizaron el sindicato petrolero y el gobierno para concretar una negociación que desde el primer momento involucró elementos extraños al conflicto laboral, pero íntimamente ligados a la poderosa organización dirigida por dos de las personas en contra de las cuales se ha iniciado un procedimiento de desafuero para que, despojados de su investidura de legisladores federales, respondan ante la justicia por actos considerados como delictivos por la Procuraduría General de la República.
Finalmente, los directivos de la empresa paraestatal y los líderes sindicales llegaron al arreglo que tendrá que ser aprobado por los dirigentes seccionales, consistente en aceptar un aumento directo al salario de cinco punto cinco por ciento, más un uno punto ocho por ciento en prestaciones que suman en total un incremento del siete punto tres por ciento, el cual es superior al promedio de aumento salarial que se le ha concedido a otros sectores obreros.
Lo importante es que el conflicto se logró mantener dentro de los límites de una negociación laboral y al final de cuentas, de acuerdo con el dicho del presidente Vicente Fox, libre de cualquier otro elemento extraño a la vida e intereses mismos del sindicato, pues el que dos de sus dirigentes estén en entredicho nunca debió ser motivo para tensar las negociaciones en virtud de que formalmente son dos cosas distintas, aunque en los hechos en forma irremediable se mezclaran.
No obstante lo anterior, el gobierno federal deberá tener buen cuidado de mantener ambos aspectos perfectamente disociados y vigilar que el procedimiento de desafuero, que corresponde a la legislatura federal, se desarrolle con estricto apego a derecho, pues de otra suerte, le darán pauta sobrada al sindicato y al Partido Revolucionario Institucional para que maniobren políticamente e impidan que la sociedad obtenga una clara satisfacción por los actos realizados por los dirigentes petroleros, que son considerados por la PGR como constitutivos de delito.