La transiciÓn polÍtica en MÉxico exige poner al día las estructuras de nuestra vida pública, entre las que se incluyen los sindicatos obreros y las relaciones de éstos con las empresas del sector estatal. Los cambios habidos en los últimos años, se explican en función de un crecimiento de la sociedad que rebasó al viejo sistema y sin embargo, una vez ocurrida la alternancia el cambio no satisface, porque aún quedan en pie muchas estructuras del pasado.
A esa luz se explica que los dirigentes sindicales acusados de transferir a la campaña del Partido Revolucionario Institucional más de mil millones de pesos, califiquen de injusta la acción del Gobierno federal por obtener su desafuero como legisladores, con miras a su proceso penal. Los líderes petroleros de referencia, consideran que se ha iniciado en su contra “un embate de intenciones políticas contra este gremio y el movimiento obrero en general”.
Cinismo aparte, la apreciación de los inculpados es congruente en el marco del régimen de partido de Estado que concebía el sindicalismo como un medio de control político y estabilidad, a despecho de los intereses de los trabajadores y del rendimiento de las empresas públicas. Bajo esa perspectiva, también se explica que el dirigente nacional el PRI y los legisladores de ese partido, consideren a los líderes del sindicato petrolero como mártires de su causa y paladines de un régimen que se empeñan en regenerar.
Pese a las declaraciones de los priístas en el sentido de que desean el cambio e impulsar la transición hacia la democracia plena, los hechos demuestran su intención de mantener el antiguo estado de cosas del que fueron beneficiarios. A ello obedece que en los sindicatos de petroleros, electricistas, maestros, etcétera, no se advierta ni el movimiento ni la intención por transformar las estructuras de tales organizaciones, en aras de su propia democracia interna.