En una declaración tronante hecha por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro David Genaro Góngora Pimentel, reclamó de los legisladores federales y del Poder Ejecutivo, la discriminación presupuestal que a su juicio sufre el Poder Judicial Federal, porque ninguno de ellos entiende que éste último es otro poder que tiene sus propias demandas y requerimientos.
El presidente de la Corte sostiene que: “Los problemas judiciales que se presentan a los juzgadores no son enchiladas”, lo que si bien es cierto, porque la impartición de justicia juega un papel relevante en la vida nacional, también lo es que no basta con crear nuevos tribunales federales para pensar que con ello se están atendiendo ese tipo de problemas que, por su complejidad e importancia, ciertamente no son enchiladas.
No desconocemos que el Poder Judicial Federal y sus homólogos de las entidades federativas, han sido preteridos frente a los otros dos poderes, pues por una parte, los titulares de los poderes ejecutivos demandan para sí mayores recursos a fin de cumplir con las demandas más sentidas de la población, como son educación, salud y gasto social; y por otra, los congresos se autorizan a sí mismos los recursos que estiman necesarios para su desarrollo.
De lo anterior resulta que son los poderes judiciales los que están notoriamente desprotegidos, porque no pueden asignarse su propio presupuesto, ni tienen sobre los congresos la influencia que innegablemente ejercen los ejecutivos, por lo que sería oportuno reactivar la vieja propuesta consistente en que la judicatura cuente con un porcentaje determinado de los recursos que se asignen al poder Ejecutivo, pero condicionado a que el Judicial lo racionalice y eficiente sus funciones, dando respuesta a la demanda ciudadana de que efectivamente imparta justicia.