La disposición de diez y seis mil millones de pesos del Sistema de Ahorro para el Retiro por acuerdo del Congreso de la Unión, como préstamo al Gobierno Federal para alimentar al Presupuesto de Egresos del próximo año, merece comentario especial. La decisión se suma a una histórica confiscación de los ahorros de los trabajadores en nuestro país por virtud de que el Gobierno suele gastar más de lo que tiene, lo que en el caso erosiona el valor de las pensiones de los jubilados.
Es cierto que la cantidad autorizada por el Congreso es menos de un tres y medio por ciento de los cuatrocientos cuarenta y siete mil millones de pesos reunidos en el SAR, antes de la reforma de dicho sistema en el año de mil novecientos noventa y siete. El hecho de que la cantidad referida se haya reunido al amparo de una Ley que no establecía los candados que hoy existen para evitar la disposición de tales fondos por parte del Gobierno, implica que la medida es conforme al marco legal.
Sin embargo, pese a esa conformidad con la Ley la medida es inconveniente, porque las mismas razones que existen para establecer candados que impidan la disposición de los recursos recaudados en este rubro a partir de mil novecientos noventa y siete, son válidas para impugnar la autorización del Congreso que nos ocupa. Lo anterior se resume en el principio de que donde impera una misma razón, debe operar un mismo sentido de decisión y de actuación en consecuencia.
Por ello la protesta expresada por algunos voceros y representantes de los organismos empresariales se justifica, porque el préstamo impugnado supone mantener viejos vicios de indisciplina fiscal y gasto excesivo. De dicha decisión son responsables tanto el Gobierno Federal como el Congreso de la Unión y en consecuencia las bancadas de los partidos que votaron a favor, lo que implica una responsabilidad compartida que ninguno de tales protagonistas puede eludir.