El anuncio hecho por el Procurador General de la República en el sentido de que se acabarán las fronteras jurisdiccionales en el combate al narcotráfico, amerita ser objeto de reflexión. Lo anterior porque de acuerdo al titular de la dependencia, la asignación de la responsabilidad en exclusiva a la Federación en la tarea referida, ha servido como pretexto para justificar la marginación de las autoridades locales en la guerra contra las drogas.
De acuerdo a las declaraciones del procurador Rafael Macedo de la Concha, existe en nuestro país el consenso entre los tres niveles de gobierno, para emprender una nueva estrategia en la tarea en cuestión. Lo anterior, en función de una participación conjunta de todas las dependencias encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública en estados y municipios, que en adelante sumarían esfuerzos en el sentido indicado.
Lo anterior es bueno, pero no debe perderse de vista que fueron las propias autoridades federales con apoyo en la Constitución, quienes han mostrado un celo histórico por centralizar y acaparar en exclusiva el tratamiento del problema en cuestión. En consecuencia, si se intenta una nueva estrategia en la guerra contra el narcotráfico en la que participen todos los niveles de autoridad, lo primero es adecuar el marco legal, para determinar las responsabilidades específicas que correspondan a cada cual.
Lo expuesto resulta de especial importancia, para evitar que en el futuro se eludan responsabilidades y que entre uno y otro nivel de gobierno, se hagan reclamos recíprocos que provoquen que la atención del problema quede en el aire. El riesgo referido se plantea en virtud de viejas experiencias en todos los campos de la administración pública, que a la luz de los nuevos tiempos que vive el país se han agudizado, por falta de acuerdo entre los diversos protagonistas de la política nacional.