La liberación del empresario saltillense ingeniero Luis Horacio Salinas, como en todos los casos que se han presentado en nuestro estado, fue un motivo de alivio para la sociedad que ante el delito de secuestro se siente severamente agraviada, porque se sabe inerme frente a la delincuencia organizada que en la gran mayoría de los casos logra su objetivo y permanece impune, lo que constituye un problema grave para la comunidad.
La sociedad está consciente de que no son delitos que pueda combatir la autoridad como los demás, porque su actuar puede provocar aun sin quererlo la muerte del secuestrado. De ahí que en vez de reaccionar activamente como se esperaría, debe inhibirse o hacerlo con un bajo perfil y entrar en operación una vez que se ha logrado la liberación del cautivo, precisamente cuando éste ya no corre peligro.
No obstante lo anterior, la sociedad espera que la Procuraduría de Justicia lleve a cabo las averiguaciones necesarias para aprehender y encarcelar a los responsables de esos delitos a fin de erradicar los mismos de la geografía estatal; pues si se conforma con el hecho de que se haya liberado al secuestrado, los delincuentes se esconderán unos meses y volverán a delinquir confiados en que en Coahuila nada habrá de pasarles.
Es por ello que si bien se acepta con resignación que la Procuraduría permanezca casi inactiva mientras dura el secuestro, esa pasividad debe abandonarse cuando está asegurada la vida de la víctima y entonces sí reaccionar con toda la fuerza necesaria para dar con los delincuentes, aprehenderlos y desmantelar esas bandas, de manera tal que sociedad y delincuentes sepan que en Coahuila el cometer esos delitos tiene un alto riesgo de ser castigados, pues de otra manera no se logrará una tranquilidad duradera.