El alcalde electo de Torreón, Guillermo Anaya, dio a conocer este fin de semana los nombres de quienes ocuparán los cargos de primer nivel de la administración municipal que inicia su gestión a partir del día uno de enero y al hacerlo dijo: “escogí lo mejor. Son personas con capacidad probada y alta calidad en el servicio”, añadiendo que revisará los salarios asignados a esos puestos, pues “son muy bajos” y, según el alcalde, muchos de ellos obtienen mejores ingresos en forma privada.
Esas dos afirmaciones del alcalde electo provocaron entre el pueblo sendos comentarios, pues de acuerdo a éstos Anaya debería de estar conciente de que en la administración pública no basta con que quienes se desempeñan en ella sean personas capaces y de “alta calidad”, porque esos atributos sin una verdadera vocación de servicio son nada cuando se trata de ocupar un cargo público ya sea éste de elección o de designación.
La vocación de servicio es fundamental en la administración pública, porque el destinatario de las tareas que a ésta corresponden es el pueblo y nadie más, por lo que además de ser personas capaces y honestas los servidores públicos deben ser sujetos que sepan atender al pueblo con calidad y calidez y no ver al ciudadano como algo ajeno o distinto a ellos en razón, equivocadamente, de que unos ejercen poder y el otro no, pues el poder de que gozan dimana precisamente del pueblo y se instituye para su beneficio.
Igualmente, no es posible que el alcalde quiera pagarles salarios iguales a los de la iniciativa privada, pues son dos campos distintos y como dijera Benito Juárez, los funcionarios de gobierno deben vivir en la “honrosa medianía”. Quien acepta el desempeño de un cargo público lo hace contra un sueldo determinado, por lo que no debe pretenderse que se les pague lo mismo o un estipendio semejante al que recibirían en una actividad privada. Ese sueldo debe ser decoroso, pero nunca oneroso, pues es el pueblo quien los paga.