Todavía no entra en operación el decreto presidencial por el que se reclasifica la tarifa eléctrica de la 1-B a la 1-C, merced a la cual habrá de reducirse el costo por consumo energético en la comarca Lagunera, cuando ya se presenta con singular intensidad una confrontación entre los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, pues ambos pretenden arrogarse el resultado favorable de la gestoría que cada uno de ellos dice haber realizado.
A reserva de analizar la forma en que entrará en operación, lo importante para la ciudadanía es que se haya expedido ese decreto y desde luego, los efectos positivos que espera se deriven del mismo, por lo que para el ciudadano común pasa a un segundo término quién enarboló la bandera del cambio de tarifa o si el presidente Vicente Fox lo emitió pensando en favorecer a los candidatos de Acción Nacional.
Ciertamente las suspicacias son fundadas, pues nadie puede negar que existe (porque aún se mantiene) una gran irritación general por la forma en que se aumentó el costo por consumo eléctrico y ese descontento obligadamente habrá de repercutir en las elecciones del próximo domingo, pero ni esa irritación se va a revertir porque los legisladores panistas se adjudiquen esa gestoría, ni la gente va a votar por los priístas estimando que ellos fueron los gestores de la medida.
No será así, porque la ciudadanía está consciente de que es un abuso y un exceso en el que incurrió la Comisión Federal de Electricidad al elevar las tarifas en formas desmesurada y la medida de dar marcha atrás es a todas luces justa. Pero lo que sí sería un verdadero acierto, aunque dudamos que llegue a suceder, es que el gobierno federal decidiera devolver lo que cobró en exceso a los usuarios de febrero a la fecha, pues es bien sabido que todos esos recursos fueron a parar a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no a la paraestatal.