Desde el inicio de la presente administración federal, el gobierno de Vicente Fox ha tratado de elevar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, primero de manera directa y después indirecta; aunque en ambos casos el destinatario de tan injusta decisión sería el pueblo y de manera especial, la clase media que no ha visto mejorada su situación económica, no obstante las promesas que en su oportunidad formuló el hoy Presidente con la intención de captar el voto de ese sector social.
En un nuevo intento por alcanzar su nefasto propósito, el gobierno de la República impulsó ante los gobernadores de las entidades federativas el que hagan uso de la facultad que se les otorgó y que les permite cobrar un tres por ciento a los bienes y servicios que están gravados con el IVA, lo que si bien les permitiría acceder a mayores recursos, en realidad serían el brazo ejecutor mediante el cual la federación aligeraría, de manera interpósita, su propia carga, elevando ese impuesto hasta un trece por ciento.
Lo que en realidad pretende la federación es tenderle a los gobiernos estatales una trampa impositiva en la que no solo caerían éstos, sino también los causantes, con el señuelo de que cada estado contaría con mayores recursos y podría hacer más obras en provecho comunitario. Pero, de acuerdo con las declaraciones de los gobernadores que integran la Conferencia Nacional, no es el momento para hacer uso de la citada facultad.
En efecto, aún gobernadores de extracción panista, como Fernando Canales, de Nuevo León, declararon que no es el mejor momento “para utilizar esas nuevas potestades tributarias”, pues en tanto no mejoren las condiciones económicas cualquier intento por aumentar impuestos resultará gravoso para la sociedad, en lo que los gobernadores tienen mucha razón, pues al final de cuentas, sería el pueblo quien cargaría con todo el peso de las ineficiencias recaudatorias del Gobierno Federal.