México, D.F.- El secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, anunció ayer un nuevo esquema para el otorgamiento de concesiones de autopistas al sector privado, con lo que se busca complementar los recursos públicos de inversión.
Manifestó que los recursos provenientes del sector privado podrán ser a través de créditos y aportaciones de capital de riesgo, con los que será posible llevar a cabo la construcción, operación, explotación y conservación de nuevas autopistas de cuota.
En conferencia de prensa, detalló que la finalidad es acelerar el desarrollo de proyectos carreteros que permitan asegurar el cumplimiento de las metas del Programa Carretero de la presente administración.
Explicó que el nuevo esquema de concesiones permitirá la participación de empresas mexicanas y extranjeras, aunque estas últimas tendrán que hacerlo a través de consorcios nacionales o mediante el establecimiento de industrias en territorio mexicano.
Mediante licitación pública, la SCT entregará el proyecto ejecutivo y el derecho de vía liberado, además de que la dependencia fijará tarifas medias máximas y el plazo de las concesión será fijo por no más de 30 años.
Pedro Cerisola subrayó que a través del Fondo de Infraestructura, el cual cuenta actualmente con unos tres mil millones de pesos para el financiamiento de tres proyectos en este año.
Subsidio condicionado
Dicho subsidio, explicó, formará parte de un fondo neutro sin que el gobierno cobre dividendos durante el periodo total de la concesión, a cambio de recuperar la totalidad de la carretera cuando dicho plazo concluya.
Agregó que los interesados en participar deberán garantizar por lo menos una aportación del 25 por ciento de capital líquido sobre el costo del proyecto, lo que significa que el gobierno podrá financiar hasta el 75 por ciento de los mismos.
Sin embargo, se busca que la aportación de los inversionistas sea mayor, toda vez que el criterio de adjudicaciones será el de otorgar la concesión al participante que solicite el menor apoyo económico del gobierno.
Dijo que se revisaron los errores del pasado en la concesión de proyectos carreteros para no caer nuevamente en ellos y garantizar que en el nuevo esquema no se trate de negocios “de saliva”, porque se obligará al concesionario a aportar capital líquido.
“Algunas otras características relevantes del nuevo esquema son que se establezcan reglas claras en materia de aforos y tarifas, sin garantizar sus volúmenes ni sus niveles tarifarios”, puntualizó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Otra alternativa que existe es un compromiso de inversión subordinada, la cual operaría únicamente en el caso del que el concesionario no pueda garantizar la inversión una vez iniciado el proyecto.
De esa forma, el gobierno recuperaría los recursos con el cobro de las ganancias, en tanto que el participante perdería su capital.
Expresó que el nuevo esquema se aplicará inicialmente en el proyecto del libramiento de Matehuala, que se sitúa en la carretera San Luis Potosí-Saltillo, que forma parte del corredor México-Nuevo Laredo, que es el más importante del país.
Dicho proyecto, cuyo costo estimado es de 370 millones de pesos, tiene una longitud de 14.2 kilómetros con cuatro carriles de circulación alojados en dos cuerpos separados, con pavimento de concreto hidráulico.
Aforo diario esperado
En tanto, que el aforo esperado es de entre tres mil 100 a seis mil 500 vehículos por día y la tarifa media máxima sería de 1.48 pesos por kilómetro.
Señaló que por el momento ya se han inscrito tres empresas interesadas en ese proyecto y mencionó que si hubiera algún inversionista que estuvo en el rescate carretero, pero demuestra tener el capital de riesgo necesario para aportarlo, será bienvenido.
Dio a conocer que en meses subsecuentes, la SCT publicará las convocatorias para otorgar las concesiones de otros ocho proyectos que conforman la primera etapa del nuevo esquema, pero bajo el nuevo sistema se pueden realizar unos 40 proyectos en los años siguientes.
Descartó que pueda presentarse un nuevo rescate carretero como ocurrió en el pasado, ya que ahora se han puesto candados y uno de los más importantes es que los participantes deberán garantizar un mínimo del 25 por ciento del costo del proyecto.
“El asunto del rescate financiero no es un asunto que pudiera colgársele a las empresas en sí mismas, es un asunto que no funcionó, buscar culpables es un deporte interesante, pero necesariamente sano; en ese esquema se buscan inversionistas y operadores, que haya aportación de capital de riesgo por parte de quien va a operar las carreteras”, precisó.