Los resultados electorales en Coahuila y en particular en la Comarca Lagunera, revelan la necesidad de refrendar el pacto político entre el gobierno de Enrique Martínez y la sociedad coahuilense, en función de nuevos criterios.
El proceso como se esperaba resultó una típica elección de Estado, en el sentido de que el Gobernador promovió a candidatos designados en términos de su proyecto político personal, a través del Partido Revolucionario Institucional que de esta suerte, operó como un apéndice del gobierno como en los viejos tiempos.
La ley electoral recién estrenada, interfirió en los procesos internos de los partidos y restringió la participación cívica, en la medida en que prohibió la promoción de cualquier oferta política fuera de los tiempos de campaña. La integración del órgano rector de las elecciones, la designación de los consejeros electorales, la reducción de los gastos de campaña, las restricciones a la observación electoral y la reglamentación a la práctica de encuestas, son algunos de los temas que deben ser objeto de rectificación y reforma legislativa en el futuro inmediato.
En la práctica el sistema operó a la antigua tanto en la fase previa como en las elecciones propiamente dichas. En el caso de la designación de candidatos, imperó el descontento en las filas del PRI, lo que produjo diversas defecciones que debilitaron al otrora invencible. En el proceso electoral revivieron las viejas prácticas de intimidación, espionaje, compra de votos, mutilación del padrón y votación de personas sin credencial, aunque a la postre, la estrategia no fue suficiente para imponer a los candidatos oficiales ni en Torreón ni en San Pedro de las Colonias, por mencionar a los municipios conquistados por la oposición en la Región Lagunera.
En los municipios que permanecen en manos del PRI, se reafirma la presencia de un estilo de gobierno autocrático, basado en un grupo compacto en torno al titular del Ejecutivo, cerrado frente a la sociedad, que se abre por excepción en forma selectiva y severamente condicionada. En el Congreso, se asegura por una parte el predominio priísta y por otra, se avisora un crecimiento de la oposición en términos cualitativos y un mayor peso específico, que augura más presencia del Poder Legislativo y mejores posibilidades de maniobra e independencia frente al Ejecutivo.
Bajo estas condiciones, es fácil imaginar cualquiera de dos escenarios para el caso de Torreón y el resto de los municipios en manos de la oposición. El primero de ellos, si el Gobierno desatiende la lección derivada de los resultados electorales y opta por endurecer su postura frente a instituciones municipales y gobernados, la discordia, la confrontación y el agravio serán el signo de los tiempos; el segundo escenario, corresponde a una deseable corrección en el estilo de mando, que haría de la cohabitación política una buena oportunidad para mejorar la gestión de gobierno y sus resultados, en los niveles tanto estatal como municipal.
Que el Gobierno mantenga su actual política o tienda hacia una mayor apertura, depende de la voluntad del licenciado Martínez y Martínez y en forma secundaria de la influencia y orientación que el Gobernador reciba de sus colaboradores cercanos en uno u otro sentido. La postura de los alcaldes y diputados de oposición, también será determinante para arrojar un resultado de coexistencia productiva o de estéril confrontación, por lo que la sociedad espera de ellos una actitud madura y responsable.
La pulcritud de las actitudes de las partes involucradas, desde luego constituye una posibilidad real en estos tiempos de cambio, que debe ser impulsada como factor de calidad de las acciones de gobierno en beneficio de nuestra vida pública. A la mitad del camino, el gobierno de Enrique Martínez y los coahuilenses, estamos en la tesitura de plantear una nueva y mejor relación, cuya calidad depende de todos.