Gómez Palacio, Dgo.- El cambio de presidente en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no resolvió el problema de fondo que, al decir del abogado Alberto Montes Rodríguez, sigue padeciendo la dependencia y que es provocado por el desinterés del gobierno estatal en el servicio que se está prestando a la ciudadanía.
El asesor en materia laboral del Colegio Regional de Abogados de La Laguna del Estado de Durango, dijo que ello se refleja en el poco avance que registran las demandas laborales.
Dijo que aunque el titular de la JLCA, José Bermúdez Cisneros está haciendo cumplir la ley, en el sentido de que se está respetando el término de quince días hábiles siguientes al auto de erradicación para convocar a la celebración de audiencias, éstas coinciden con la programación de otras tres o cuatro en un mismo día a cargo de una sola mesa conciliatoria.
Dicha situación llega a provocar inconformidades entre los litigantes y que hasta un 80 por ciento de las audiencias no se lleven a cabo por el cúmulo de trabajo, por lo cual se difieren hasta con un mes de posterioridad.
Montes Rodríguez dijo que además, el presidente de la Junta aduce a que se ha agilizado la emisión de laudos pero todos han sido en casos en los que la parte demandada fue declarada en rebeldía al no atender los citatorios de los que en su tiempo fue notificado, y que por lo tanto la condena es casi segura.
Sin embargo, ninguna de las resoluciones laborales se relacionan con demandas en controversia que se prolongan por el hecho de que las dos partes ofrecen sus pruebas y argumentos de defensa.
El integrante del CRALED manifestó que la Junta de Conciliación sigue careciendo del personal suficiente para atender la excesiva carga de trabajo; a su presidente no se le ha autorizado el presupuesto necesario para atender las necesidades materiales, por lo que de nueva cuenta las impresoras de los equipos de cómputo carecen otra vez de tinta; no hay la papelería que se requiere y por lo tanto, el servicio sigue siendo lento y pésimo.
En ese sentido, dijo que mucho menos se les ha autorizado el cambio de edificio para ofrecer un espacio digno y en condiciones adecuadas a la ciudadanía que acude ante la dependencia laboral, y todo esto se atribuye a la falta de interés del gobierno estatal.