El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene todo el derecho de oponerse a la propuesta de reformas en materia eléctrica mediante movilizaciones pacíficas, distribución de sus puntos de vista en forma impresa, mítines en áreas públicas, así como reuniones con diputados y senadores con el fin de convencerlos de que no aprueben esa propuesta del presidente Vicente Fox, pero todo ello dentro del marco de derecho.
Lo que no deben hacer sus integrantes es recurrir al boicot o la violencia como formas de manifestar sus inconformidades, porque entonces se estarían colocando fuera de las normas jurídicas y se harían acreedores a las sanciones previstas en la ley, lo que desnaturalizaría y le restaría legitimidad a sus demandas, por más de que haya antecedentes de casos en los que habiendo violentado el Estado de Derecho, el gobierno no actuó con la debida energía.
En efecto, la decisión tomada por este Sindicato de realizar movilizaciones en todo el país con el fin de evitar que la citada reforma sea aprobada por el Congreso de la Unión, puede estar inspirada en los actos de los habitantes de San Salvador Atenco, quienes se opusieron a la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco y lamentablemente lograron su objetivo, pues para ello recurrieron a la violencia y se colocaron al margen de la ley, no obstante lo cual ninguna sanción les fue impuesta.
Por el bien de la República, ese nefasto precedente no debe repetirse y en el caso del Sindicato de Electricistas es posible que eso acontezca, porque a sus miembros y sobre todo a sus dirigentes, les va en ello algo más que un cambio en el esquema de producir y comercializar energía, ya que es bien sabido que las canonjías y prebendas de las que han venido disfrutando por años se terminarían; de ahí que sea previsible que lleguen más allá de los límites permitidos y, en tal caso, el gobierno debe hacer uso de los recursos que tenga a fin de evitar que la violencia sea la constante en este tipo de oposiciones.