CARACAS .-Con una consulta electoral en suspenso y el riesgo de que fracasen las negociaciones para lograr una salida pacífica a la crisis venezolana, la oposición realiza este lunes un paro general para presionar al presidente Hugo Chávez a que llame a elecciones adelantadas o renuncie.
El secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Manuel Cova, calificó como "exitosa" la jornada de protesta, y declaró que cerca 80% de la población se sumó al paro. Los organizaciones no han revelado para cuando fijaron el final de la protesta.
"A pesar de las presiones del gobierno para impedir el paro, el pueblo ha respondido mayoritariamente", dijo en rueda de prensa.
Bajo la custodia de miles policías y militares, la paralización del lunes es la cuarta protesta de ese tipo que realiza la oposición en contra de Chávez en lo que va de año.
Los empresarios, representados por la Federación de Cámaras de Venezuela (Fedecámaras), aseguran que más de un millón de comercios y 3.000 industrias y empresas están paralizadas.
La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, indicó que el sector petrolero, metalúrgico y eléctrico que generan 81% del producto interno bruto (PIB) del país están funcionando con "normalidad. El paro fracasó".
Alí Rodríguez, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, por su parte, garantizó este lunes el suministro de combustible a nivel nacional y en el extranjero.
Los choques callejeros que a menudo protagonizan los adeptos al gobierno, la militancia cada vez más vehemente de grupos opositores, la intervención militar de la policía de Caracas y las advertencias de dirigentes oficialistas sobre la existencia de un movimiento golpista, han generado gran inquietud en torno a la protesta.
A estos incidentes se suman las denuncias de dirigentes empresariales, quienes afirman que adeptos al gobierno los han amenazado con saquear los comercios y destruir los transportes que acaten el paro.
Entre los organizadores de la protesta figuran las dos mayores agrupaciones sindicales y empresariales del país, las cuales organizaron en abril una huelga general que precipitó la salida de Chávez del gobierno por 48 horas luego violentos enfrentamientos entre rivales políticos en los que murieron baleadas 19 personas y otras 300 resultaron heridas.
La CTV, con más de un millón de miembros, y Fedecámaras exigen la renuncia de Chávez o que el mandatario acepte el adelanto de elecciones o la realización de una consulta popular para determinar si los venezolanos están de acuerdo o no en solicitarle la "renuncie voluntariamente a su cargo".
La CTV, Fedecámaras y la coalición opositora Coordinadora Democrática se niegan aceptar la propuesta de Chávez de convocar un referendo revocatorio en agosto del 2003, cuando se cumple la mitad del mandato de seis años.
La oposición quiere la salida de Chávez, argumentando que ha puesto la democracia en peligro debido a sus tendencias autoritarias. Lo acusan de querer imponer políticas socialistas, fomentar la división de clases sociales y administrar mal la economía.
Chávez, un líder carismático y populista que dice defender la justicia social y preferir cierto control estatal sobre la economía que ha estimulado la fuga masiva de capitales y una devaluación de más de 90% en la moneda.
Se enfrenta a sectores empresariales, sindicales y asociaciones civiles que culpan sus políticas estatistas de la contracción de 6,4% que registró la economía en los primeros nueve meses, el cual ha originado un acelerado crecimiento del desempleo que alcanzó en agosto un índice de 16,2% y un repunte de la inflación cercano al 30%.
Los crecientes enfrentamientos han debilitado las gestiones de la OEA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter para lograr un acercamiento entre las partes y una salida pacífica a la crisis.