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SAN JOSÉ, COSTA RICA.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos aumentó las medidas de protección para los involucrados en tres casos contra Venezuela, se informó de forma oficial.
Mediante un comunicado de prensa desde su sede en esta capital, la Corte anunció la noche del viernes medidas provisionales que llegan a sustituir anteriores medidas cautelares.
Según los argumentos de la peticionaria Comisión Interamericana, esas medidas fueron incumplidas, por lo que el 27 de noviembre pasado solicitó incrementar la protección.
La Corte, que se encontraba en ese momento en sesiones ordinarias, accedió ese mismo día en dictámenes firmados por su presidente, el brasileño Antonio Cancado Trindade.
El primero es a favor de Liliana Ortega, Yris Medida Cova, Hilda Páez, Maritza Romero, Aura Liscano, Alicia de González y Carmen Alicia Mendoza, del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1989.
Al parecer, a pesar de las medidas cautelares, siguen las llamadas amenazantes y actos de intimidación contra las mujeres, quienes habían recibido custodia de la policía metropolitana pero fue suspendida tras la intervención de ese cuerpo por parte del ejército venezolano.
El segundo fallo fue en el caso “Luis Uzcátegui”, para quien la Corte ordenó a Venezuela adoptar “sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger” su vida.
Luis Enrique Uzcátegui es hermano de Néstor José Uzcátegui, quien fue asesinado en su casa en enero del 2001 al parecer por funcionarios de la Policía del estado de Falcón.
Debido a sus investigaciones personales sobre ese crimen, Luis Enrique ha sido objeto de actos de amedrentamiento y recibido amenazas a su vida. El último caso involucra a trabajadores de la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV): Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos y Argenis Uribe.
En sus argumentos, la Comisión expuso que “han continuado las expresiones por parte de funcionarios del gobierno venezolano contra los medios de comunicación y periodistas de investigación, que podrían estimular subsecuentes actos intimidatorios o ataques contra los periodistas...”
Destacó además que en enero de este año se solicitaron medidas cautelares en beneficio de Ríos y Amaya, entre otros, luego que fueran atacados por un grupo de unas 50 personas.
La Comisión lamentó que los actos de “hostigamiento, ataques físicos y amenazas” continúan y consideró que “tienen un grave efecto multiplicador sobre las violaciones a los derechos humanos de los comunicadores sociales convirtiéndolos en un grupo particularmente vulnerable...”.
“La activación (de medidas provisionales) se hace aún más necesaria teniendo en cuenta que las medidas cautelares... no lograron impedir posteriores agresiones físicas incluyendo heridos de bala”, concluyó la Comisión.
Para los tres casos, la CorteIDH requirió al Estado venezolano adoptar “sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad” de todos los involucrados.
Además ordenó a las autoridades de esa nación investigar los hechos y, en caso de descubrir a los responsables, sancionarlos.
El estado de Venezuela deberá también rendir informes cada dos meses a la Corte sobre las medidas provisionales adoptadas.