Bogotá, Colombia.- Los paramilitares de ultraderecha de Colombia buscan reunificarse después de la crisis interna que llevó a su disolución como organización nacional, anunció ayer el máximo líder de esos grupos, Carlos Castaño, quien al parecer busca un reconocimiento político.
Mientras, la Fiscalía General de la Nación informó que fue “ajusticiado” el líder paramilitar René Acosta, alias “101” o “El Flaco”, responsable del secuestro del empresario venezolano Richard Boulton, luego liberado, uno de los episodios que precipitó la crisis en la confederación de esos escuadrones.
“Son varios los comandantes que, con sanas intenciones, insisten en que trabajemos por la recuperación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como organización nacional”, dijo Castaño en un comunicado publicado en la página de Internet www.colombialibre.org.
Autodefensas unidas
“Y piden que nuevamente sea yo quien lidere ese proyecto, bajo las condiciones y exigencias que me caracterizan en cuanto a conducta y disciplina. Siempre me he preocupado por preservar unas Autodefensas Unidas, que seamos siempre parte de la solución”, agregó.
Analistas sostienen que la disolución de las AUC en julio es una estrategia con la que los paramilitares buscan desligarse del narcotráfico y de otros delitos como el secuestro para facilitar en el futuro una negociación de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe.
La misma estrategia buscaría un reconocimiento político en un intento por cambiar su imagen ante la comunidad internacional como un grupo violador de los derechos humanos, de acuerdo con los expertos.
Los paramilitares son grupos armados ilegales financiados con aportes de ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla izquierdista a la que combaten en medio de un conflicto interno de casi cuatro décadas que dejó 40,000 muertos en los últimos 10 años.
Varios jefes de esos escuadrones han admitido que en los últimos años fueron infiltrados por el narcotráfico y que luego de la disolución de las AUC buscan conformar una nueva organización que agrupe a todos los grupos a nivel nacional, como antes, pero sin tener vínculos con el trafico de drogas.
Mantienen decisión de combatir a la guerrilla
El proceso de reorganización busca expulsar a los narcotraficantes de esos escuadrones, pero los analistas creen que en esa eventualidad estarían dando ventajas a la guerrilla que obtiene del tráfico de drogas millonarios aportes.
Hasta el momento no se ha aclarado de dónde provendrían los recursos de los paramilitares para financiar a sus más de 10,000 combatientes.
a nivel nacional.
Los paramilitares al igual que las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), consideradas como organizaciones terroristas por Estados Unidos, son acusadas de financiarse con recursos del narcotráfico.
El gobierno de Uribe, quien ha prometido combatir a los rebeldes y a los paramilitares aumentando el gasto militar y fortaleciendo las Fuerzas Armadas, ha admitido la posibilidad de iniciar acercamientos de paz con esos escuadrones, también acusados de recibir apoyo de algunos sectores militares.
Castaño, quien después de la disolución de la AUC asumió el liderazgo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el más grande grupo paramilitar del país, admitió su disposición de diálogo pero advirtió que no dejarán de actuar contra la guerrilla salvo que el Estado logre contenerla.
“La lucha contra la guerrilla es nuestro compromiso indeclinable mientras el Estado no logre contener su avance terrorista, y jamás abandonaremos ese compromiso mientras la vía armada sea la única opción de alcanzar la paz frente a un enemigo que se empeña en destruir la nación”, afirmó.
El líder paramilitar invitó a los narcotraficantes a someterse a la justicia, admitió la posibilidad de que los jefes de los grupos de ultraderecha también lo hagan y afirmó que “nadie aquí podrá evadir ese compromiso con la justicia”.
Horas después del anunció de Castaño, la Fiscalía informó del asesinato del jefe paramilitar René Acosta, cerca del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, 170 kilómetros al este de Bogotá.
Acosta fue acusado del secuestro y posterior liberación en julio pasado del empresario venezolano Richard Boulton, un episodio que llevó a Castaño a disolver las AUC. La Fiscalía consideró el asesinato como “un ajusticiamiento”.