GÓMEZ PALACIO, DGO.- El gobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, dijo que sería catastrófico y se provocarían daños patrimoniales graves al país un paro de actividades en Petróleos Mexicanos, aunque dijo tener la confianza de que los trabajadores no lleguen a tal extremo.
Entrevistado en su arribo a esta ciudad, el jefe del Ejecutivo estatal dijo además que el conflicto en Pemex se ha politizado y erróneamente, los asesores jurídicos de la Presidencia de la República perdieron la óptica de la naturaleza del problema.
Refirió en ese sentido que el conflicto es básicamente laboral y que no se configura ningún delito de peculado, tomando en cuenta que los líderes sindicales no son empleados del gobierno, sino trabajadores de una descentralizada que tiene sus propios estatutos jurídicos, de manera que al pretender ejercer acción en contra del dirigente de los trabajadores, Carlos Romero Deschamps, no se está respetando la autonomía sindical.
Guerrero Mier refirió que para destrabar el problema, es necesario que se haga una separación de los aspectos laboral y jurídico, y en este último caso se proceda con las consignaciones respectivas si se comprueba la existencia de un delito que debe ser perseguido y sancionado.
A su vez, el sindicato debe dar el primer paso dando una prórroga para el estallamiento de la huelga para dar tiempo a que se diriman las cuestiones jurídicas, penales y laborales que deben resolverse.
Por otra parte, el Gobernador de Durango dijo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado vendrá a complementar el trabajo desarrollado a fin de generar todo un sistema de información pública en el que todos los archivos estarán a disposición de la ciudadanía.
Esto luego de que se ha trabajado en la elaboración de un marco jurídico en materia de fiscalización y transparencia en el manejo de recursos públicos, que se inició con las Leyes de Obra Pública, Adquisiciones, de Fiscalización y con la creación de un órgano de Auditoría Superior en el Congreso del Estado.
Dijo que existe una fiscalización permanente de carácter correctivo y preventivo, mediante el sistema de auditoría externa a cargo de un despacho ajeno al gobierno estatal, que audita en forma constante a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Se ha creado además una serie de disposiciones secundarias normativas para fiscalizar la aplicación de los recursos en la obra pública y se actúe con transparencia absoluta en licitaciones públicas y el ejercicio del presupuesto en los distintos programas a cargo del Estado.