Los 23 mandatarios estatales del PRI y del PRD que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acapararon recientemente la atención con sus demandas para que la Secretaría de Hacienda les resarza los recortes de recursos que, de acuerdo a sus cálculos, ascienden a 40,000 mdp acumulados durante el 2002.
Para ello amenazaron con presentar a través de sus fracciones legislativas un proyecto de presupuesto alterno que satisfaga sus requerimientos, así como se negaron a asistir a una reunión convocada por el Presidente el lunes de la semana pasada para conversar sobre el asunto. Por su parte, los grupos parlamentarios del PRI, PRD y PVEM en la Cámara de Diputados respaldaron la posición de esos gobernadores y advirtieron que no se iniciará la discusión del Presupuesto de Egresos 2003, si antes el Ejecutivo no cumple con lo estipulado en el presupuesto que aprobó el Congreso para este año.
Los gobernadores podrán discutir lo que quieran con el Gobierno Federal en relación con las participaciones de recursos, pero al final los que les corresponden dependerán de la fórmula que determina lo que cada estado recibe del fondo de participación de ingresos federales. La disponibilidad de esos recursos no es, en principio, una decisión discrecional del gobierno federal, sino el resultado de la aplicación de dicha fórmula. En ese contexto no es muy complicado definir cuánto, si es que algo, se les adeuda a los estados. El fondo del problema, sin embargo, no está en la fórmula de participación o los ingresos que se incluyen, sino en la concepción y diseño del federalismo fiscal en nuestro país, que resulta en una inadecuada fuente de ingresos propios para los gobiernos estatales y municipales.
Los Estados y los legisladores insisten, una y otra vez, en mayores transferencias y más gasto público, porque pedir no cuesta; pero mañosamente dejan a un lado las propuestas sobre cuáles serán las fuentes sanas y permanentes de ingreso que se utilizarán para su financiamiento.
La Federación transfiere de una u otra forma a los estados y municipios dos terceras partes de cada peso que le ingresa y ofrece, además, aumentar ese monto el año próximo.
Estas transferencias financian alrededor del 90 por ciento del gasto de los gobiernos locales en nuestro país. Esos órdenes de magnitud superan los que existen en otros países, así como los que recomiendan los especialistas en federalismo fiscal para una administración eficiente y transparente de los recursos públicos. La fuerte dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las transferencias federales reduce los incentivos que ellos tienen para adoptar decisiones fiscalmente responsables; las decisiones fiscales son, más bien, resultado de negociaciones políticas entre las autoridades locales y centrales, en vez de reflejar un estudio serio de los costos y beneficios de los programas públicos que proponen. Las transferencias intergubernamentales son un instrumento importante en el federalismo fiscal, pero no deben ser tan grandes como para debilitar la disciplina fiscal de los estados y municipios, ni para que estos esperen que el gobierno federal los rescate de sus dificultades financieras. Estas salvedades implican que los gobiernos locales deben poner un énfasis particular en sus propias fuentes de ingresos y depender menos de las transferencias federales. La tarea no es sencilla. Los gobiernos estatales y municipales deben cobrar a sus habitantes por los bienes y servicios que les proveen. Se trata de elevar el monto y la variedad de ingresos propios de los gobiernos estatales y municipales para con ellos financiar su gasto, reducir la dependencia de las transferencias y contar con los incentivos apropiados para tener un comportamiento fiscal prudente que los lleve a rendir cuentas ante la sociedad. Los gobernadores prefieren, sin embargo, una vida más tranquila. No quieren entender que el federalismo sólo puede funcionar bien si las crecientes necesidades locales se financian con recursos que pagan sus residentes, en lugar de transferencias adicionales del Gobierno Federal. La experiencia de muchos años les ha demostrado que es más cómodo y políticamente más atractivo extender la mano para ver qué obtienen de la Federación. Ello explica porqué los gobiernos estatales prefieren utilizar el estira y afloja con la Federación para repartir los recursos fiscales que ésta obtiene anualmente. Los gobernadores de los estados y los legisladores de los distintos partidos políticos aprovechan esta rebatiña de recursos para promover sus agendas políticas, sin detenerse a considerar las repercusiones que dicha irresponsabilidad (cuyo ejemplo extremo es el desastre económico de Argentina) puede tener sobre el desempeño integral de la economía.
La Conago inició la discusión sobre la distribución de los recursos fiscales y seguramente la continuarán los diputados en el Congreso tan pronto reciban la iniciativa de presupuesto de egresos del Gobierno Federal. En las próximas semanas veremos si los legisladores aprovechan esta oportunidad para orientar la discusión, como muchas otras veces, en función de los objetivos de sus partidos políticos en las elecciones del año próximo; o si nos sorprenden dedicándose a diseñar un esquema de transferencias federales, así como de potestades tributarias estatales y municipales que modernice la estructura de las finanzas públicas en el país.
Quizá esto sea demasiado pedir, después del fracaso rotundo de la reforma fiscal el año pasado, pero los gobernadores ya nos enseñaron que pedir, no cuesta.
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