La integración de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados encargada de iniciar los juicios de procedencia en contra de Carlos Romero Deschamps y otros legisladores, abre la expectativa de que se investigue y haga justicia en relación al Pemexgate. Como es del conocimiento, la Procuraduría General de la República señala a los también líderes petroleros referidos, como responsables del desvío de mil quinientos millones de pesos de la paraestatal, a las campañas del Partido Revolucionario Institucional.
El procedimiento que tiene por objeto determinar si existen o no elementos para el desafuero de los parlamentarios, es apoyado por la mayoría de la Cámara de Diputados, en virtud de un consenso entre los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Lo anterior implica el aislamiento del Partido Revolucionario Institucional que se empeña en evitar el juicio a los líderes petroleros, pese a la inclusión de un representante de dicho partido, en la comisión mencionada.
Lo deseable es que el Juicio de Procedencia se lleve con el apoyo de todas fracciones parlamentarias, pues resulta necesario que la vida pública nacional trascienda de la malversación de los recursos públicos a la debida aplicación de los mismos y de la impunidad, a la aplicación estricta del derecho en el caso de disposiciones ilícitas. Del éxito o fracaso de este proceso, depende la viabilidad futura de la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Es necesario distinguir la tarea de la PGR y del Congreso, del emplazamiento de huelga que enfrenta la paraestatal con motivo de una revisión salarial que es utilizada por los líderes petroleros como amenaza y manto de impunidad. Los derechos de los trabajadores de Pemex merecen pleno respeto, al tiempo que el Gobierno Federal amerita tanto el apoyo como la exigencia de los ciudadanos, que lleven al esclarecimiento del Pemexgate, y al castigo y reparación que correspondan.