México, D.F.- Hasta 12 años de cárcel a los funcionarios públicos que revelen o usen información de las investigaciones ministeriales, propone el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en una iniciativa de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Serían objeto de un castigo severo, los agentes del Ministerio Público que abrieran investigaciones especiales, donde no exista causa justificada.
Las nuevas responsabilidades que propone el PRI también tocan a los jueces, al señalar que deben delimitar la existencia de pruebas, antes de declarar procedente tocar las garantías individuales de las personas.
“Responsabilidad y cuidado mesurado es lo que se requiere de nuestros juzgadores, a fin de evitar abusos, con la debida protección de la intimidad y honor de las personas”, remarcó el tricolor.
Argumentó la bancada priista que se requiere limitar la aplicación de esta ley a las conductas ilícitas del terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los otros delitos en los que se aplica esta ley, que permite hacer a un lado las garantías individuales en las investigaciones, son: tráfico de órganos, asalto y secuestro y robo de vehículos en los actúan bandas organizadas. Propone que de igual forma se aplique en casos de contrabando.
Por conducto del senador Antonio García Torres, el PRI señaló que falta dar transparencia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Destacó que en las investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público Federal, se debe establecer una delimitación de sus alcances, toda vez que las pesquisas oficiales “pueden estar viciadas, por descuidos profesionales”.
Agregóque la propuesta del PRI va en el sentido de que “es responsabilidad ministerial que los agentes no integren investigaciones, que no obedezcan a los estrictos principios que la ley establece”.
Consultado al respecto, García Torres subrayó que de estar en vigor estas responsabilidades, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) no habría intervenido en el “Pemexgate”.
Al exponer a favor de esta reforma a la ley, García Torres previno al pleno senatorial que en las actuales condiciones se podrán investigar delitos que no existen, y acciones que correspondan a responsabilidades civiles o administrativas.