Gran salida: no hubo enfrentamiento, ni heridos, ni nada peor que lamentar. Con 15 millones de pesos que aportaron el gobierno estatal y el federal se arregló el asunto. Los campesinos y su lideresa levantaron el bloqueo y “San se acabó”. A otra cosa. En esta lectura la sociedad no tiene memoria ni registro. La miopía pretende un aislamiento entre sucesos. La política es casuística, salir de un atolladero al precio que sea para lograr una paz aparente, no importa que en la solución se labre otro conflicto quizá más grave.
Falso que no hubo costos. El primero fue la afectación de la libertad de tránsito de cientos de miles de personas. Supongo que tiene un valor. Estamos tan acostumbrados a que se pisoteen nuestros derechos básicos que simplemente no lo ponemos en el inventario de daños. El derecho de tránsito de los mexicanos es vejado casi todos los días sin que asignemos a esos hechos las consecuencias debidas. Grupos relativamente pequeños afectan la vida en ocasiones de cientos de miles de conciudadanos. Perdón, pero aquí las proporciones son importantes. Estamos frente a otra forma brutal de expresión del bajo respeto interciudadano. Los mexicanos no respetan a los mexicanos. Por eso conchudamente pensamos que su tiempo no vale y se los robamos.
Por si fuera poco las economías de esos ciudadanos también fueron afectadas. Hubo miles de personas que no llegaron a sus citas, que no cerraron negocios o tuvieron que posponerlos, médicos que no dieron consultas, maestros que dejaron a sus grupos sin atención. La parálisis tiene un costo. La sociedad es movimiento permanente, como la circulación de la sangre. Quién lo interrumpe hiere a la sociedad, la estrangula. Durante 36 horas una de las arterias de acceso a la capital estuvo cerrada. El daño está allí mismo, en la no circulación que impidió la vida normal. Esa normalidad que permite a los ciudadanos prever sus acciones también tiene un valor. La concepción dinámica de la sociedad, en la cual todo está en permanente movimiento no acepta que la parálisis sea inocua.
Además en esta nueva fórmula de presión y de extorsión se trastoca a los interlocutores. Un grupo de campesinos o de maestros o de estudiantes o de productores de piña negocian con las autoridades estatales o agropecuarias o educativas. Ese es el vínculo central. De pronto la afectación a terceros, que nada tienen que ver en el negocio, se convierte en el factor principal. A ver a cuánta gente podemos fastidiar en un aeropuerto, en el periférico, en una autopista, dónde sea para lograr un mejor precio de mi producto o becas o qué se yo. Es una auténtica degeneración del acto de negociar. Por ese camino cualquier movimiento deberá contar con un grupo de estrategas, pero no en el conocimiento y defensa de sus derechos, sino verdaderos especialistas en cómo fastidiar al próximo de manera eficiente. ¡Y vaya que hay posibilidades! Mucha gente se pregunta por qué lo siguen haciendo si generan enojo y animadversión en miles. El nuevo chantaje les ha resultado tan efectivo que incluso no les importa perder simpatía hacia sus movimientos. No quieren convencer, quieren apretar el cuello, impedir el paso de la sangre, del aire, provocar rápido la asfixia para salirse con la suya. Ya no se trata de un asunto de visibilidad que es entendible en muchos casos. Para ello hay fórmulas eficaces e inofensivas, que no dañan a los conciudadanos: un acto de desnudo masivo en la vía pública, por ejemplo. Mucha prensa, cero daño. No, la mecánica elegida es mucho más perversa. Se trata de afectar los signos vitales de la sociedad y obtener beneficios.
Pero los nuevos extorsionadores sólo operan exitosamente en complicidad. Ellos necesitan estar medianamente ciertos de que la autoridad no actuará como debiera. No estamos frente a un acto discrecional, que queda al criterio del funcionario. Allí está la Ley de Vías Generales de Comunicación que considera esos actos como delitos graves que merecen pena corporal, cárcel que puede llegar a los siete años o multas equivalentes hasta por 27 años de los ingresos de los responsables. Si la ley no se considera aplicable o conveniente que se modifique, pero mientras esté vigente que se aplique. La perversión de la señal se muestra en las cifras. Como lo reportó Reforma, de enero a septiembre, la PGR inició 1,346 averiguaciones por delitos similares. En el 2000 se consignó a más de 1,100 personas por este tipo de delitos. ¿Por qué unos si y otros no? ¿Qué cambia? ¿Juega algún papel el número de afectados o no importa demasiado? A decir de los bloqueos de la semana pasada hay otro tipo de ponderación.
Por si fuera poco ahora fue una diputada la cabeza visible. Se trata de una autoridad obligada a respetar la ley. Qué tipo de señal manda a sus agremiados o simpatizantes, simplemente que llegado el momento los intereses particulares se imponen al general, que se vale quebrantar la ley, que no hay consecuencias. Dañar al semejante no importa. Él es un instrumento para la victoria. Además se obtienen beneficios con rapidez. Justos o injustos es otro asunto. No entro al fondo de las demandas. Simplemente la forma de presión política que se ha puesto tan de moda es perversa. Nada bueno nos traerá a la larga.
Nadie quiere el uso indebido de la fuerza pública que siempre será un riesgo. Pero en un estado de derecho que se respete los límites deben ser muy claros, precisamente para no necesitar a la fuerza pública. Los ciudadanos deben estar ciertos de las consecuencias de sus actos y para lograr esa certeza tiene que haber congruencia en las reacciones. Deben ser sistemáticas. En México lo que se está sistematizando es la no reacción ante este tipo de delitos. Ello puede provocar el crecimiento explosivo de una generación de extorsionadores que no políticos. Como una avalancha. La perversión se puede ir extendiendo a otras áreas: por qué no negociar siempre lo laboral por esa vía o lo electoral o lo que sea. Nada tiene esto que ver con la democracia y el avance político. En todo estado de derecho alguien asume los costos del gobierno. No finjamos demencia. Son falsas soluciones que pervierten.