SUN-AEE
México, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) realiza un monitoreo de todas las leyes y decretos que emiten tanto el Congreso de la Unión, el presidente de la República, los gobernadores, los Congresos locales y los municipios, con el objetivo de detectar si realizan normas contrarias a la Constitución.
Derivado de este sistema, durante la presente administración el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, ha promovido nueve juicios de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con los que ya logró revertir normas fiscales y reformas electorales inconstitucionales.
El subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, explica que en estos juicios lo mismo han demandado al Presidente de la República que a presidentes municipales. Con base en una facultad poco conocida que tiene la PGR como garante de la constitucionalidad desde 1995 (y que no fue empleada por los anteriores procuradores), Macedo de la Concha ha promovido juicios contra normas avaladas por el presidente Vicente Fox, el Congreso de la Unión, así como por cuatro gobernadores y los congresos de sus entidades.
Hasta el momento, la PGR sólo ha perdido dos de estos juicios: El primero -relativo a una ley fiscal de Quintana Roo- fue sobreseído, es decir cerrado, porque la acción de inconstitucionalidad que promovió ante la Corte llevaba la firma del entonces subprocurador Eduardo Ibarrola Nicolín y no la del procurador Macedo de la Concha.
Y el segundo es el relativo al fallo que emitió la Corte la semana pasada en el caso de la ley que regula la seguridad de los bancos en el Distrito Federal, en el que aun cuando la demanda de la PGR obtuvo el voto mayoritario de los ministros, no pudo lograr los ocho que se requerían para declarar inconstitucional la norma.
En estos casos, “lo que está haciendo la Procuraduría es simplemente tratar de velar por la vigencia de la Constitución”, comenta el subprocurador Ramos.
A raíz de la polémica que generó la demanda que promovió para anular la ley que establece las normas de seguridad de los bancos en la ciudad de México, Ramos Flores aclara que en este caso la PGR no intentó defender a los banqueros ni evitar que pagaran la seguridad de sus instituciones, sino únicamente definir quién tenía la competencia para legislar en la materia, si el Congreso de la Unión o la Asamblea Legislativa.
Precisa que la PGR no pretende convertirse en un medio para intereses particulares, sino únicamente ejercer el mecanismo que la propia Constitución establece como un medio de control de las autoridades que emiten normas ilegales.
El encargado del área legal de la Procuraduría reconoce que la actuación de la institución ha generado algunas molestias, pero considera que en general ha sido bien recibida.
Como muestra de esto último, destaca el hecho de que en por lo menos dos casos la Corte ha tenido que cerrarlos, porque las autoridades de los estados demandados por la PGR derogaron las normas impugnadas antes de que terminara el juicio.
O bien, el caso de la demanda que interpuso contra el presidente Vicente Fox por considerar que un artículo de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que publicó, es inconstitucional, en el que “no hubo mayor asomo de incomodidad o molestia” del titular del Ejecutivo.
Por el momento, la PGR sólo tiene dos acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver: una que tiene que ver con una reforma electoral en Quintana Roo, en la que coincidió con una demanda que también presentó el Partido de la Revolución Democrática, y otra que impugna un artículo del decreto que crea el Instituto Chihuahuense de la Mujer.
El subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales asegura que la Procuraduría General de la República está abierta para recibir “alertas” de cualquier sector de la sociedad que detecte alguna ley inconstitucional.
En los casos en los que la ciudadanía le haga del conocimiento a la PGR de alguna norma inconstitucional, “nosotros gustosamente haremos la revisión y si estimados que es acertada la apreciación, seguramente promoveremos la acción de inconstitucionalidad”.