México, D.F.- En las primeras semanas del año próximo, la Procuraduría General de la República (PGR) determinará si archiva o no la investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada que inició contra implicados en el Pemexgate.
Fuentes gubernamentales revelaron que hasta el momento no existen elementos suficientes para que la Unidad Especializada en Delincuencia organizada (UEDO) proceda penalmente contra líderes petroleros, ex directivos de Pemex y dirigentes priistas por esos ilícitos.
Por otra parte, uno de los principales operadores del Pemexgate, Jorge Cárdenas Elizondo, ex secretario de Finanzas del PRI en el 2000, promovió un amparo de fondo, es decir no contra la orden de captura, sino para que anule los cargos de peculado electoral que le formuló la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), y por los cuales desde octubre pasado el Juzgado Décimo Tercero de Distrito libró una orden de aprehensión.
La UEDO ya inició el análisis de las constancias ministeriales, de los documentos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y los que otras autoridades han aportado para la investigación de las transferencias de recursos que desde Pemex se realizó a cuentas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y de ahí al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en lo que se conoce como el Pemexgate.
De acuerdo con la información recabada, aún cuando en el desvío de recursos por más de dos mil millones de pesos de Pemex al STPRM, se emplearon mecanismos similares a los de lavado de dinero para ocultar el origen de dinero, sólo aplica la figura del peculado, delito éste, por el que ya se consignó una averiguación previa.